Posteado por: JGL | 6 mayo 2011

Proyecto de Ley General de Salud Pública

En un artículo de hace dos años expresaba algunos de los aspectos que en mi opinión debería contemplar la futura Ley de Salud Pública, entre los que mencionaba el mundo 2.0, el gobierno abierto, la ética y los sistemas de información. Indicaba igualmente que “Hay muchas cosas que se pueden hacer para avanzar mientras llega esta ley, y que esta por sí misma no dará a la salud pública la relevancia que le corresponde, aunque si la favorecerá (si trabajamos desde ya).”

Tras la publicación del Anteproyecto de la  Ley indicaba en otro artículo que los aspectos arriba indicados estaban incorporados en el Anteproyecto e indicaba algunos aspectos que no estaban claros.

El texto presentado al Congreso de los Diputados ha aclarado algunos aspectos, pero sobretodo ha dado un paso atrás en lo referente a transparencia, enumerada sólo como principio en el artículo 3, f (queda en papel mojado tras no tramitarse la Ley de Transparencia),  ética (ninguna mención en el texto) y rendición de cuentas (lo más parecido pero no igual es el principio de evaluación del Artículo 3, e). Ha desaparecido el Artículo con las definiciones, lo que contribuiría al valor didáctico de las leyes, pero dada la confusión conceptual existente a mi juicio en el texto previo, mejor que así haya sido. El elemento más innovador de la Ley, la evaluación del impacto en salud, no visualizo como se puede concretar.

Voy a centrarme en los aspectos relacionados con los sistemas de información.

El derecho a la información contemplado en el Artículo 4 no es acorde con los planteamientos actuales de gobierno abierto y su concreción en el dato abierto: no se trata de que seamos informados los ciudadanos de lo que las autoridades consideren oportuno, sino que tenemos que tener el derecho de acceso a toda la información disponible con los únicos límites de la protección de datos personales, secreto estadístico, propiedad industrial y seguridad nacional. Al igual que en la obligación de las administraciones públicas de información sobre riesgos para la salud de la población, no veo avance significativo respecto a lo ya contemplado en la Ley 41/2002.

Hubiera estado bien alguna referencia a las redes sociales como elemento de comunicación, así como alguna referencia a la Historia Clínica Digital del SNS en el Artículo 22, a, referente a la colaboración con los servicios asistenciales para la vigilancia en salud publica.

Me parece adecuada la formulación de la integración en los sistemas de información del SNS de la información generada por los servicios de prevención y mutuas en el  Artículo 32, 2, f.

El concepto de que un sistema de información se compone de personas, procesos y tecnologías no lo veo reflejado en la estructura del Capítulo IX sobre Sistema de Información en Salud Pública, del que no se aclaran sus fines, como tampoco sus relaciones con el Sistema de Información Sanitaria del SNS.

En el Artículo 39, 3, a, al tratar de ser exhaustivos se nota la ausencia de los condicionantes alimentarios.

El Artículo 40, aunque su ttulo se refiere a la Organización, en realidad sólo se refiere a matizaciones y restricciones de la LOPD. En el punto 1, se indica que las autoridades sanitarias pueden requerir a los servicios y profesionales sanitarios “informes, protocolos u otros documentos”; quizás quedaria más claro si en lugar de hablar de estos soportes específicos se indicase “información” no sea que este enunciado sea interpretado de una forma restrictiva.

El punto 2 especifica lo ya contemplado en la LOPD, pero está bien que lo aclare. El punto 3 es más discutible, dado que es más restrictivo que la LOPD , la cual contempla excepciones (aplicables en este caso) a la disociación de datos u obligatoriedad de otorgar consentimiento como requisitos para su cesión. Ver al respecto el Informe la protección de datos y su repercusión en el mundo sanitario.

Coincido con la propuesta de la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) de eliminar el último apartado de este punto 3. Me parece igualmente adecuado el primer párrafo (pero no los otros dos) de la propuesta alternativa de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

El acceso a los datos para investigación que se contempla en el Artículo 47 c,  no es tajante, se limita a “estimular la actividad investigadora….”.

En definitiva, veo limitaciones importantes en este proyecto de ley, difíciles de superar en el trámite parlamentario.

Para abrir boca en transparencia y apertura de datos, e imaginar lo que se podría hacer liberando la información que sobre salud pública tienen nuestras administraciones:

Actualización del 8 de mayo: Intervención en la Comisión de Sanidad Política Social y Consumo de expertos invitados.

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