“Si solicita información al sistema sanitario, acomódese en la sala de espera” Esta es la conclusión de los activistas por la transparencia de Tuderechoasaber.es. Los avances conseguidos en la mejor información a los pacientes tras la Ley 41/2002 no se han producido en la información a la población, y los artículos referidos a este tipo de información en esa Ley no han sido suficientemente desarrollados. Tampoco se han desarrollado lo suficiente en el sector sanitario la Ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público, la Ley 27/2006 de información ambiental o la Ley 1472010 sobre información geográfica. Como elemento positivo pero insuficiente, destacar el esfuerzo del Instituto de Información Sanitaria (creado en la Ley 16/2003) con los indicadores clave del SNS que no descienden del nivel Comunidad Autónoma.

Las distintas leyes de salud pública no han supuesto avances importantes al respecto debido a que están fuertemente condicionadas por la restricción de otras normas, básicamente la LOPD y Ley 30/1992

Estos hechos nos hacen pensar que la transparencia y rendición de cuentas no está interiorizada en los responsables sanitarios. Si la transparencia era necesaria anteriormente, la situación crítica actual e incierto futuro del sistema sanitario público refuerzan la necesidad de un mayor control social, inviable si no hay transparencia.

La situación de acceso a la información es previsible que cambie con Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Presentado hace un año se espera entre en vigor antes de finalizar 2013 y está sufriendo cambios importantes por la presión social que exige modificaciones al mismo para alcanzar una mayor transparencia.

En un artículo previo ya hice algunas aportaciones sobre el posible efecto de esta norma en el sector sanitario, que trataré de completar.

Es sorprendente que en el borrador inicial no se mencione el gobierno abierto, que desde mi punto de vista debería ser el principio político en el que se sustentase la ley y que por tanto debería incluir la transparencia, la participación y colaboración. Pensando en términos sanitarios, la norma debería ser el marco sobre el que se desarrollasen los principios de transparencia, participación y colaboración ciudadana en salud, incorporando las posibilidades que ofrece la salud 2.0 además de los mecanismos tradicionales de participación de las asociaciones o colaboración con la sociedad civil o empresarial (que en los tiempos que corren es necesario dejar bien claros).

Aunque no es un tema sanitario, tiene repercusión negativa el que no se considere el acceso a la información como un derecho fundamental, debido a que limita el ámbito de actuación y sobretodo sitúa este derecho en inferioridad de condiciones respecto a otros que si lo son y con los que se preveen conflictos (LOPD), además de conferir menos garantías jurídicas. Da la impresión que el legislador está tratando de ganar tiempo, pues sabe que por resoluciones de tribunales y acuerdos internacionales deberá incorporar este derecho en la legislación nacional.

En su concepción inicial, la norma afectaría a la administración y servicios sanitarios de titularidad pública, departamentos universitarios, empresas públicas, agencias, fundaciones y organizaciones en las que el 50% de la titularidad sea pública. Estos ámbitos se están ampliando de forma que además de ciertas instituciones no incluidas inicialmente, se incluirían aquellas organizaciones que superasen un porcentaje en la financiación pública de sus ingresos. En cuanto a subvenciones se publicará información sobre su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios pero no se podrá recabar información en todos los casos sobre en qué y como se han gastado; así se perdería el control de ejecución de ciertas ayudas a investigación, realización de programas o prestación de servicios socio sanitarios.

Contempla la transparencia activa establecimiento la obligación de los organismos afectados de difundir en un portal de transparencia (más otros 17 que surgirán y que sería deseable que se sincronizasen) los datos más relevantes sobre información institucional, organizativa, de planificación, de relevancia jurídica, económico presupuestaria y estadística. No encuentro una apuesta clara por la publicación de indicadores comprensibles de la calidad de las prestaciones de los servicios públicos; sería deseable que lo hiciese para poder disponer información estandarizada y comprensible sobre la calidad de los servicios sanitarios en todo el estado; es cierto que con la Ley 41/2002 ya se podría estar haciendo, pero esta nueva ley de ámbito no sanitario sería una oportunidad de avanzar en ese sentido. Sería necesario que explicitase que la información sea difundida en estándares abiertos y reutilizable de forma automática (4 y 5 estrellas de los criterios open data). No contempla la ley la apertura de datos públicos, ya establecido en la ley específica al respecto (creo de especial importancia en la investigación en el sector sanitario).

Hay aspectos no contemplados como son las agendas de los altos cargos y las actas de las reuniones; el principio general debería ser “si no se puede decir no se puede hacer” “si no se puede escribir no se puede acordar”. Posiblemente evitaríamos tentaciones inconfesables en los acuerdos de colaboración público-privados y otras formas “innovadoras” en la provisión y gestión de servicios sanitarios.

La Ley contempla el derecho de acceso de toda persona a la información pública, entendida esta  la que obre en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la ley y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos.

De sus restricciones la que no me gusta es la que excluye la información auxiliar (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos de órganos o entidades administrativas), imprescindibles para entender y seguir el proceso de toma de decisiones. Esta información es fundamental tanto en la adjudicación de contratos y formalizar acuerdos de cualquier tipo como en la transparencia en las decisiones de salud pública: no es solamente conocer el informe preceptivo final sino los documentos elaborados por los técnicos que sirven de base al informe final; ello contribuiría a mejorar de la calidad de los servicios públicos y contar con empleados públicos responsables e independientes.

Un aspecto muy discutido ha sido que ley propone el silencio administrativo negativo, es decir, que si el organismo consultado no contesta, se entiende que se deniega la solicitud. Es cierto que la denegación debería realizarse en plazo y motivada en cada caso, pero pensemos una situación en la que los datos que se piden afectan a la salud de una persona y no se contesta en el plazo previsto; si el silencio fuese positivos se reconocería el acceso a un dato especialmente protegido pero que además no se podría suministrar ese dato por estar protegido por una norma que prevalece sobre la de transparencia; en fin un lío legal en el que me pierdo.

Mi consideración final, aún a expensas de las modificaciones que se introduzcan por los acuerdos parlamentarios de los partidos mayoritarios, es que esta ley establece un derecho nuevo que puede ser importante para el control social de los cambios que se están produciendo en el sistema sanitario público, puede propiciar un debate en el ámbito sanitario sobre la transparencia en su toma de decisiones y en la relación con y de sus proveedores (es increible que el registro de ensayos clínicos no sea público); estoy convencido de que tendrá más impacto que artículos 6, 12 y 13 de acceso a la información no clínica de la Ley 41/2002 pues hay una sociedad civil más movilizada.

Aunque era una tendencia ya observada antes de la crisis, esta ha incrementado el debate sobre cómo se organiza nuestra sociedad con la proliferación de espacios de debate. Uno de estos espacios es el que esta propiciando durante el més de mayo Iniciativa Sevilla Abierta. El primero de ellos trató sobre “La crisis de confianza en los partidos y el sistema electoral”. Estas notas son mi interpretación de las las intervenciones de los ponentes.

Los partidos políticos constituyen un mecanismo de comunicación entre la sociedad y el Estado; a lo largo del siglo XX han copado esta comunicación limitando otras vías complementarias como son las de la sociedad civil.

Esta es una situación general en las democracias occidentales, pero el desarrollo tardío de la democracia en España ha hecho que su poder sea todavía mayor, ocupando amplios espacios desde el mundo de la cultura al económico. Buena parte del debate sobre la regeneración democrática se refiere a la regeneración de los partidos políticos y su papel en la sociedad del siglo XXI y parte del debate sobre los movimientos sociales de los últimos años son el reflejo de una tensión creciente entre las organizaciones partidistas y los movimientos sociales que se desarrollan en el ámbito de una sociedad en red en la que el liderazgo, al menos como es concebido actualmente en política, está cuestionado.

En esta situación es inevitable la reforma en las funciones y organización interna de los partidos; pero esto por sí mismo es cuestionable, dado que esta por ver si sus dirigentes están dispuestos a liderar este cambio (que implica para ellos pérdida de poder) y si es suficiente para la regeneración democrática. En cuanto a su organización, dificilmente evitarán que los principios del gobierno abierto los acaben transformando.

La pregunta que surge es si los movimientos sociales propios de la sociedad en red desbordarán las reglas del juego que durante más de un siglo han reconocido a los partidos políticos como los elementos hegemónicos de comunicación entre la sociedad y el Estado.

Actualización 7 de mayo: Aqui un enlace a un resumen del encuentro el blog Masa Demo Media y el enlace  a la intervención del Prof Antonio Porras Nadales.

La libre expresión del pensamiento crítico no es un lujo, es una necesidad

La entrada desencadenante del cierre de saludyotrascosasdecomer: Empleado del mes, Jesús Quijada Hernández   (Noviembre 2011)

La mitad de los alumnos procedían de distintos departamentos de la Diputación de Cádiz y la otra mitad eran mayoritariamente Secretarios e Interventores de municipios gaditanos. Como en tantas otras ocasiones, ha sido un placer compartir inquietudes y debatir temas de modernización de la administración pública con profesionales altamente cualificados y comprometidos con el servicio público, que desarrollan su trabajo en situaciones especialmente complicadas como son las derivadas de la situación económica de la administración local o las dificultades propias del ámbito político municipal.

El primer día del curso traté el tema del gobierno abierto; el material documental que les recomendé fue el siguiente:

• “Gobierno abierto, sociedad libre”. José María Pérez. Teniente de alcalde de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Gijón.
• César Calderón y Sebastián Lorenzo (Editores). Open Government. Jaén: Algón Editores, 2010.
• Gastón Concha, Alejandra Naser (Editores). El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2012.
• Barack Obama. Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies. Transparency and Open Government.

Les recomendé estos videos:

• Open Government Partnership (subtítulos en español). Open Government Partnership.
• Como he abierto un gobierno. Nagore de los Rios en TEDxMadrid. Directora del Gobierno Abierto y Comunicación en Internet del País Vasco.
• Por una ley de transparencia-Movimiento 15M

Mi presentación abordó inicialmente los tres elementos que considero que están propiciando el avance sobre gobierno abierto: El desarrollo de la Web 2.0, la evolución de la administración pública y el debate y movimientos cívicos sobre la crisis de la democracia. Esta es la presentación del inicio y la parte referida a la web 2.0:

En esta presentación se tratan las reformas de la administración pública y la crisis de la democracia:

Posteriormente traté los aspectos conceptuales del gobierno abierto así como sus elementos: Transparencia, participación y colaboración.

Finalmente traté los pasos a dar en el desarrollo del gobierno abierto, algunos planteamientos que se han hecho para evaluar la madurez de las iniciativas de gobierno abierto, revisión de experiencias más destacadas y recursos para estar bien informados sobre este tema:

Los aspectos relacionados con la Ley de Transparencia fueron tratados por Emilio Guichot Reina, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla; Severiano Fernández Ramos, Catedrático de Derecho Administrativo de la  Universidad de Cádiz trató sobre Transparencia y Admon Local; Manuel Sánchez de Diego, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de Coalición pro acceso habló sobre Transparencia y sociedad, mientras que Open Data fue tratado por Olga Quirós, Vicesecretaria General ASEDIE Asociación Multisectorial de la Información

En la parte final del curso los alumnos revisaron el nivel de transparencia de sus intituciones usando los criterios de evaluación de Transparencia Internacional y revisaron los portales de open Data más destacados.

 La ética de la salud pública incorpora la bioética, filosofía política, derechos humanos y legislación. Buena parte del debate ético en salud pública se ha centrado en identificar cuando y bajo que condiciones están justificadas las intervenciones paternalistas que limitan la autonomía.

Las decisiones en salud pública son cada vez más complejas, con múltiples intereses y puntos de vista, incluso entre personas que comparten un afán común por mejorar la salud de la población. Estas controversias no siempre pueden resolverse exclusivamente con el conocimiento científico o la legislación, sino que necesitan ser debatidas desde la perspectiva ética.

En julio de 2011 SESPAS firmó un acuerdo con Fundació Victor Grifols para facilitar la colaboración entre salubristas y expertos en ética que permitiese avanzar en este campo, insuficientemente desarrollado en nuestro país. En septiembre de aquel año se celebró un encuentro del que surgió la publicación Ética y salud Pública,  con el intento de homogeneizar el lenguaje y se abordar los aspectos conceptuales.

Para seguir avanzando, era necesario establecer enunciados, criterios o principios que permitiesen formular juicios sobre aspectos complejos, muchas veces en condiciones difíciles. Es un ir y venir de lo general a particular y viceversa, en el que los ejemplos o situaciones concretas ayudan a la identificación de patrones problemáticos que hay que estudiar y en su caso protocolizar o legislar.

Es por ello por lo que este año se ha celebrado el  II Encuentro Ética y Salud Pública, en la XXIII edición de la Escuela de Salud Pública de Menorca en el Lazareto de Mahon, siendo sus coordinadores Victòria Camps (Fundació Víctor Grífols i Lucas) y
Andreu Segura (SESPAS). El objetivo era el estudio de casos y elaboración de materiales sobre una casuística de ejemplos de situaciones de salud pública que requieren una consideración ética.

Al encuentro asistimos 25 profesionales que nos repartimos en tres grupos para trabajar sobre tres casos desde la perspectiva ética:

1-     Respuesta a la pandemia de gripe.

El ponente-coordinador de este grupo fue Jordi Delclós. Empezó haciendo un resumen de los hitos de la pandemia:

Aparición de casos por H1N1 en México en marzo de 2009, extensión a USA y Canadá en abril y al hemisferio sur en mayo con menos letalidad de la prevista, declaración por la OMS de situación pandémica en junio, evidencia de menor gravedad en agosto manteniéndose las mismas recomendaciones, vacunación de gripe estacional en septiembre y de H1N1 en octubre; declaración por OMS de fin de la pandemia en agosto de 2011.

Para el debate ético del caso es preciso tener en cuenta el deber de planificar y comunicar (con transparencia), la contraposición del bien individual frente al colectivo (autonomía respecto a bien común) y los principios de proporcionalidad y de precaución.

a-      La planificación en un contexto de comunicación y transparencia.

En la planificación en salud pública no siempre se tienen en cuenta las experiencias previas, no hay flexibilidad y no suele haber una rendición de cuentas de los implicados en su gestión.

Además de expertos y autoridades sanitarias como planificadores, hay que incorporar un abanico más amplio de profesionales y sectores sociales. Especial atención merece el identificar sus posibles conflictos de intereses. La rendición de cuentas es un buen método para limitar las decisiones paternalistas.

b-     Bien común versus autonomía individual.

Se constató la dificultad de definir el bien común, establecer quien lo decide, donde está el límite de sacrificio individual por un bien común, …es más fácil decir que no lo es, o intentar definir el mal mínimo común aceptado.

En ocasiones es preciso perder autonomía, pero esta pérdida ha de ser la mínima posible, durante el menor tiempo y la menor intensidad; distinta consideración si se pierde de forma voluntaria u obligada; algunos grupos no van a aceptar esta pérdida; los que sufren un daño por ceder autonomía en pro del bien común, deben ser recompensados.

Alguno de los participantes expresaron que está sobrevalorado el principio de autonomía, surgido en un contexto cultural distinto al nuestro.

c- Proporcionalidad.

La proporcionalidad de las acciones se puede conseguir planificando con la flexibilidad que permita adaptarse a diversas situaciones, evitando presiones en la toma de decisiones con excusa de inmediatez o desconocimiento científico y no abusando del principio de precaución.

Se planteó si realmente en algunas ocasiones se dispone de la libertad efectiva en tomar decisiones si estas no son acordes con la idea dominante que además presiona fuertemente desde el exterior.

2-     Problemas éticos en el ejercicio profesional de la salud pública.

El ponente-coordinador de este grupo fue David Larios Risco. Este grupo tenía que definir un caso en el que se planteasen conflictos en la toma de decisiones poblacionales en las relaciones entre profesionales de salud pública, autoridades sanitarias, gestores, otros profesionales sanitarios  y la propia población.

No se trató de un caso real concreto sino de uno creado a partir de otros casos reales. Caso:

Detección de un parámetro no admisible en un análisis sistemático de muestras ambientales cuyos valores están establecidos legalmente. No autorización al profesional por la autoridad sanitaria de su comunicación al nivel superior por una razón de bien común; esta comunicación está establecida legalmente e implica la adopción de medidas cautelares establecidas por protocolo. No hay intereses espureos por la autoridad sanitaria.

En este caso entran en juego la protección de la salud, el principio de precaución, la proporcionalidad de las medidas, daño a la sociedad (impacto psicológico, costes económicos, equidad, efecto negativo para la salud al tomar las medidas protocolizadas), principio de prudencia, definición de interés general o conflicto de interés, paternalismo, responsabilidad (técnica, jurídica, moral…), relación jerárquica y  autonomía profesional.

Lo que haga el profesional de salud pública dependerá entre otras cosas de la gravedad de la situación,  y la posibilidad de establecer medidas gradualmente, en un rango que puede ir desde no hacer nada, consulta a otros colegas, y denuncia interna o externa hasta llegar al juzgado.

Para resolver estas situaciones es necesario disponer de espacios en los que se puedan debatir. Tanto técnicos como autoridades en este caso comparten el principio de beneficencia y posiblemente ambos tienen una postura paternalista que en extremo  puede llegar a la arrogancia; tal como indicaba en un artículo anterior, los profesionales de la administración pública (que es donde trabajan la mayoría de los salubristas) comparten con las autoridades políticas muchos de sus dilemas éticos. Posiblemente el conflicto más patente sea el de responsabilidad profesional y es preciso igualmente aclarar los conflictos de intereses que tienen ambos.

Lo importante en estas situaciones es que la situación no se silencie y haya un espacio para el debate ético en el que se discutan las discrepancias sin perder el principio de jerarquía.

3-     Los alimentos funcionales.

El ponente-coordinador de este grupo fue Macario Alemany García. Planteó los diversos puntos de vista y conflictos de fabricantes, consumidores, sociedades científicas, investigadores, y responsables de salud pública. En el tema hay cuestiones conceptuales sobre qué es un alimento funcional, hechos a probar sobre eficacia, seguridad, o necesidad; efectos (abuso, abandono de tratamiento farmacológico o desplazamiento de la dieta equilibrada) y normativas (protección de los consumidores – principio de información, protección a grupos vulnerables-, libertad de comercio, competencia justa …).

Las implicaciones de que un alimento sea funcional son distintas según el tipo de declaración: propiedades nutricionales, saludables, o de reducir el riesgo de  enfermedad. Las situaciones son igualmente distintas si el consume lleva un asesoramiento profesional sanitario, está a libre disposición en el mercado, o si tiene un efecto en la salud de la población general. Hay dificultad para verificar científicamente su veracidad y determinar si producen un desplazamiento de otros alimentos que hacen la dieta equilibrada.

Las posibilidades de acción son muy amplias, desde la regulación estricta con consumo asesorado por profesionales sanitarios, a la desregularización considerando que las alegaciones son marketing y no información, Lo que parece claro es que nos faltan evidencias.

Respecto a la industria, se observa que no quiere dar información de la composición de ciertos alimentos pero sin embargo está muy interesada en las alegaciones funcionales; además está interesada en colaborar con los gobiernos en el estudio de las causas de enfermedad relacionadas con la alimentación como conducta individual y en el diseño de productos tecnológicamente más competitivos en el mercado que no tienen en cuenta su posible impacto en la alimentación equilibrada. Hablan de estilos de vida y no condiciones de vida. Hay un desequilibrio entre la investigación de la industria y del gobierno.

Extremos: desde alimentos funcionales que sirven para prevenir daños como es el caso de alimentación para celiacos a alimentos funcionales que directamente o indirectamente por modificación de la dieta tengan un efecto negativo en la salud.

Está en conflicto el paternalismo que puede llegar a ser excesivo y la estrategia de marketing para vender un producto.

Se planteó como único enfoque el etiquetado en su relación con la salud, los condicionantes sociales de lo que comemos reflejados en el paso desde la desnutrición a la obesidad en los sectores sociales más desfavorecidos (la equidad debe dirigirse a la alimentación equilibrada) y el aumento del nivel educativo como elemento clave (respecto a las limitaciones de la educación específica sanitaria). Efecto largo plazo.

En suma un excelente encuentro. Los ponentes – coordinadores hicieron un excelente trabajo, pero aún les queda la difícil  labor de redactar los casos para su publicación en los próximos meses de forma que todos podamos aprender de  ellos; animo que seguro que os quedan muy bien.

Actualización del 30 de septiembre:  Juan Gervas ha hecho un interesante análisis de los temas tratados en el Encuentro. Aqui lo tienes.

Un comentario reciente de @sminue sobre los incentivos en las organizaciones sanitarias me recordó un artículo en el que hice un resumen del libro “Thinking for a Living. How to Get Better Performances and Results from Knowledge Workers”.

El libro dedica un capítulo a la dirección en las organizaciones basadas en el conocimiento, aspecto muy importante dado que la gestión del conocimiento se basa en la dirección de las personas que lo poseen: El reto es conseguir que compartan su conocimiento y lo empleen de la forma mas apropiada para alcanzar los objetivos de la organización en la que trabajan.

La administración  pública es una organización en la que su materia prima es el conocimiento aunque su gestión esté altamente burocratizada y no propicie una adecuada gestión del conocimiento.

Todos los trabajadores en cierta medida somos “trabajadores del conocimiento”, pero se emplea este término para aquellos cuyo objetivo principal es crear, distribuir o aplicar conocimiento; entre sus características se destaca su autonomía, motivación y preparación. En ocasiones es difícil establecer un equilibrio entre su autonomía y las necesidades de la organización para la que trabajan (dificultad de gestionar a “los artistas”), sus motivos y los de la organización y entre su sobre cualificación y la tarea encomendada.

Los modelos de gestión tradicionales no sirven para estos colectivos, teniendo los gestores unos retos importantes: ellos mismos son trabajadores del conocimiento, son simultáneamente jugadores y entrenadores; se suele trabajar en comunidades de interés, por lo que los gestores deben abandonar cualquier pretensión de control y pasar a ser animadores de estas comunidades, creadores de un ambiente en el que se propicie la creación; además tienen el reto de atraer y retener a los mejores talentos, crear y mantener una cultura que favorezca la creatividad y evite la burocracia.

Para obtener los mejores resultados en las organizaciones basadas en el conocimiento, hay quienes plantean que las competencias directivas no difieren de las necesarias en cualquier oro tipo de organización. Otros plantean que la dirección como elemento separado y basado en la planificación, supervisión y control, tenía sentido en los ámbitos laborales de la era industrial pero no lo tiene con los trabajadores del conocimiento, cuyas organizaciones son más planas y disminuye la separación entre dirección y trabajadores (que poseen el mayor valor de la organización: el conocimiento).

Los modelos de dirección todavía dominantes surgieron con las grandes corporaciones industriales tomando como referencia organizaciones religiosas y militares, basadas en la obediencia; en la administración pública el paradigma era la burocracia como elemento positivo que incluía profesionalismo, clara división del trabajo y trabajos bien definidos de ejecución independiente de las características particulares de cada individuo. El modelo de dirección en el pasado se caracterizaba por:

• La dirección era una función separada del resto de trabajadores.
• Los trabajadores hacen un trabajo manual que era observado y medido por los directivos. El inicio, final y producto del trabajo era fácilmente medible.
• Se suponía que los directivos velaban por el bien de la organización haciendo que los trabajadores dieran lo máximo de sí mismos (algo que espontáneamente no estaban dispuestos a hacer).
• Se consideraba que la misión de los directivos intermedios era hacer de puente entre los trabajadores y la dirección, gestionando la información en ambos sentidos. Una comunicación directa saltándose el conducto establecido se consideraba desleal.
• Se sometían a análisis para su mejora los procesos de trabajo, pero no los de dirección y gestión.
• El trabajo de dirección se consideraba de un mayor nivel de conceptualización y de más valor que el no directivo.
• Se asumía que los directivos podrían hacer el trabajo mejor que los propios trabajadores y de hecho una de sus tareas era instruir a los trabajadores para que hiciesen mejor su trabajo.
• Los directivos pensaban, los trabajadores hacían.

Este modelo no se puede mantener en las organizaciones actuales basadas en el conocimiento, en las que el trabajo se realiza de una forma bien diferente.. Al igual que la industria manufacturera a o la administración burocrática propiciaron un tipo de directivos, la nueva situación hace emerger otro distinto, que todavía no está suficientemente conceptualizado y menos implantado. Hace más de 30 años que Peter Durker dijo que la gestión debía de cambiar para hacer el conocimiento mas productivo pero de momento no está tan claro como hacerlo.

En este escenario actual los directivos se enfrentan a retos que suponen un cambio muy importante:

• De supervisar el trabajo a hacerlo también ellos mismos.
• De organizar jerarquías a organizar comunidades.
• De contratación y despido a captación y fidelización
• De ayudar al desarrollo de habilidades manuales a habilidades de conocimiento.
• De evaluar un rendimiento visible a evaluar logros de conocimiento no visibles.
• De no darle valor a la cultura corporativa a propiciar una cultura que valora el conocimiento.
• De apoyo a la burocracia a rechazarla.
• De basarse en personal interno propia a tener en cuenta personal con otra dependencia.

Mientras que cada uno de estos retos por sí mismo supone un cambio, todos en conjunto suponen una revolución en la gestión.

Es más difícil ser un buen gestor de trabajadores del conocimiento que un buen trabajador del conocimiento. Surgen conflictos entre los trabajadores del conocimiento y sus gestores, es difícil el equilibrio entre la creatividad y autonomía con respecto a la burocracia; la dirección de estos trabajadores puede ser difícil e incluso frustrante y ellos lo saben por lo que el poder, prestigio, e ingresos que a menudo acompañan al rol directivo no siempre compensa.

En la literatura de la gestión de I+D+I se propone a menudo una doble vía para la carrera profesional, según se dirija a la gestión o I+D+I. Las peculiaridades de las organizaciones basadas en el conocimiento propician el desarrollo de otra vía dedicada a trabajadores del conocimiento que pueden ejercer tareas directivas. Es la forma en la que  las universidades, centros docentes y sanitarios tratan de resolver esta cuestión mediante la rotación de su personal por puestos directivos.

Los directivos cuentan con algunas buenas prácticas que aunque no son específicas para este tipo de organizaciones, tienen en ellas un papel fundamental. Es función de los directivos: hacer que estos trabajadores tengan claro cual es el contexto en el que se mueve la organización, alinear los proyectos con la estrategia de la organización (posiblemente lo más difícil de lograr), establecer canales que faciliten la comunicación y aprendizaje a partir de puntos de vista diferentes,  mejorar la gestión del conocimiento, facilitar la participación colectiva, aprovechar la buena predisposición, eliminar barreras que limiten su expansión y facilitar el desarrollo de redes sociales.

Uno de los 6 apartados de la publicación se titula “Datos para vigilancia en salud pública: Aspectos legales, políticos, éticos, reguladores, y prácticos”; con respecto a trabajos anteriores, en este se le da más énfasis a los aspectos  éticos y jurídicos que a los tecnológicos. Partiendo del esquema y contenido original, he incorporado reflexiones propias y contenidos adaptados a nuestro medio; en este artículo por tanto están mezclados contenidos del original con aportaciones mias y espero que contribuya al debate que es necesario se abra en nuestro país.

Aunque el informe se refiere a datos para la vigilancia de la salud pública, creo que es ampliable a la salud pública en su conjunto. Estos datos pueden ser recogidos con fines específicos de salud pública o con otros propósitos, recogidos por otros ámbitos de la administración sanitaria u otras administraciones con fines estadísticos  (estadísticas vitales) o administrativos.

Algunos datos se pueden usar sin restricción mientras que otros tienen limitaciones en su uso por motivos de confidencialidad, privacidad o seguridad nacional. Los datos que no tienen identificación de la persona no tienen limitaciones en su uso. Los datos con identificación personal sólo pueden ser compartidos si hay una norma legal que así lo establezca.

El uso de información procedente de varias fuentes nos da una visón más completa que la que nos puede dar una sola, y el uso de datos para fines múltiples es más efectivo que el uso único, lo que muestra la necesidad de colaboración entre distintos organismos para compartir estos datos.

Los datos se comparten entre organismos en función de:

1. La base legal por la que los datos son recogidos y cedidos.
2. La disponibilidad de recursos para poner los datos disponibles en un formato adecuado.
3.  La buena voluntad de sus “propietarios” para que sean usados.

Visión

Todos los datos potencialmente relevantes para la vigilancia en salud pública deben: ser armonizados con modelos de datos definidos, ser interoperables, estar disponibles fácilmente por el máximo número de usuarios, y ser oportunos en el tiempo, garantizándose además el derecho de confidencialidad y cumpliéndose el deber de secreto por quienes acceden a los mismos.

Desafíos

Existen limitaciones legales para compartir ciertos datos a los que en ocasiones se une el temor de sus responsables a que se haga un uso inapropiado de los mismos por desconocimiento legal o técnico. En ocasiones no los comparten por razones políticas o históricas o por temor a perder poder e influencia al compartir unos datos que consideran son muy valiosos.

a) Limitaciones legales, reguladoras, y éticas

Existe un amplio desarrollo legislativo que afecta a los datos usados en salud pública:  Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal y su Reglamento, Ley de la Función Estadística Pública, Ley Básica de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la propia  Ley General de Salud Pública. A ello hay que añadir el Esquema Nacional de Seguridad y el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

Estas normas en términos generales son coherentes con las de países de nuestro entorno, excepto en el derecho de acceso a los datos regidos por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al carecer de una Ley de Transparencia, cuya aprobación es posible que tenga un  importante impacto en salud pública.

Además de las limitaciones legales es preciso tener en cuenta consideraciones de tipo ético; un bien común como la salud de la población puede entrar en conflicto con derechos individuales y colectivos, lo que nos lleva a un proceso de deliberación. Este debate tiene ciertas particularidades en el ámbito de la salud pública respecto al ámbito asistencial, pues al desarrollarse la salud pública fundamentalmente en el ámbito público, este debate está mas próximo a la ética en la administración pública que a la bioética. Además, la intimidad y el bien común se ven de forma distinta según se trate de investigación en salud pública o de toma de decisiones por ejemplo en crisis en salud pública. Los investigadores han mostrado su inquietud por las crecientes restricciones en el uso de datos de carácter personal, pero deben de entender los elementos que forman parte del debate para encontrar soluciones legal y éticamente aceptables, entre las que la agregación de datos no puede ser la única alternativa.

El debate y difusión de guías éticas en el tratamiento de los datos de salud pública es un buen camino, así como el estudio de caos en los que se solucionan los conflictos; es el caso de respuesta institucional al cruce de registros en Suecia o el acceso a datos estadísticos protegidos para un estudio concreto en Bélgica y otros países europeos.

 b) Barreras administrativas

Las barreras son distintas según sea el usuario de estos datos (ciudadanos, desarrolladores de aplicaciones, profesionales de salud pública, investigadores etc.). Las hay por motivos de seguridad, formato, requisitos de programas propietarios, disponibilidad de recursos necesarios para la difusión,  etc, pero una barrera importante es la cultural: sentimiento de “propiedad” de los datos.

Aunque se suelen tener en cuanta los recursos necesarios para la captura, depuración y análisis de datos, no lo son tanto los necesarios para ponerlos a disposición de los usuarios, sobretodo si no está reconocido el derecho de acceso o la transparencia no es una prioridad para la organización. Se espera que el movimiento open data y sus estándares  tenga un impacto importante en la disponibilidad y uso de los datos de salud pública.

La depuración de los datos y por tanto su calidad tiene costes que además afectan a la oportunidad de los mismos; en ocasiones son esgrimidos como excusa para su difusión y uso. Su importancia es distinta según sus usos: mientras que para la toma de decisiones rápidas prima la oportunidad con respecto a la depuración de datos,  para las actuaciones no tan inmediatas la depuración es más laboriosa y el intervalo para disponer de los mismos es mayor. En las políticas de opendata hay igualmente dos planteamientos: algunos gobiernos liberan gran cantidad de datos aunque no estén depurados (son sus usuarios los que harán este trabajo) mientras que otros liberan menos datos paro más depurados; lo fundamental es que los metadatos estén debidamente informados y contengan la información pertinente en cuanto a la calidad.

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la necesidad de que las organizaciones sean capaces de establecer acuerdos y alianzas con otras organizaciones para un uso compartido de los datos. Los convenios para el tratamiento de los datos de defunciones son un antecedente importante en España y la disponibilidad de Unidades Estadísticas una oportunidad en la que es preciso  avanzar.

c) Incompatibilidad de los datos.

Pueden surgir dificultades al compartir los datos por incompatibilidad de códigos, formatos, definiciones y métodos de obtención o almacenamiento. Es por ello por lo que es preciso garantizar la interoperabilidad cuya dificultad aumenta desde la técnica  a la semántica u organizativa.

La interoperabilidad implica dedicar recursos para transformar los datos o documentar los metadatos, que indiquen por ejemplo los cambios que pueden afectar al análisis de series temporales.

d) Guías de uso

Las normas aplicables a las tecnologías para el tratamiento de datos están más desarrolladas que los requisitos funcionales y organizativos de los mismos. Hay aportaciones muy interesantes que revisan los aspectos normativos en España, pero es preciso avanzar en el desarrollo de guías; el documento CDC/ATSDR Policy on Releasing and Sharing Data es una referencia interesante, pero necesitamos guías propias así como documentos que resuman las normas y procedimientos específicos en el ámbito de la salud pública del tipo del elaborado por los CDC para el cumplimiento del la Freedom of Information Act (FOIA).

Oportunidades.

A pesar de las limitaciones señaladas, los servicios de salud pública comparten datos tanto propios como de otros organismos, gracias a procedimientos como: 1) eliminando los datos identificativos de forma reversible o irreversible, 2) agrupando los datos de forma que cumplen los requisitos de intimidad y 3) estableciendo acuerdos entre organismos para el tratamiento de los datos.

En España es habitual la eliminación de datos de carácter personal y la agrupación de datos, siendo el ámbito de acuerdos y alianzas por el que a mi juicio es preciso avanzar; la experiencia de colaboración entre los servicios de salud pública y el sistema estadístico público es desigual, pero sin duda el camino por el que hay que avanzar. Las propias dificultades económicas están propiciando que los órganos estadísticos tiendan al cruce de información con los registros administrativos para hacer más eficiente la obtención de la información. El artículo cita a acuerdos en USA sobre el acceso a estadísticas vitales, cruce de registros de estadísticas vitales y encuestas de salud, encuestas de usos múltiples, etc

Otra aspecto de la colaboración institucional sería el llegar a acuerdos para que en aquellas situaciones en las que es preciso dar consentimiento para el uso de la información, se incluya el consentimiento para su uso en salud pública.

Parte de los datos utilizados en salud pública parten ya de estándares desde su recogida, pero es preciso definir unos estándares para los formatos de los datos, sus atributos, códigos y sus métodos. Especial atención habrá que tener respecto a la interoperabilidad semántica (SNOMED) y organizativa.

Conclusión.

Me ha gustado que el artículo concluya con un fragmento del CDC/ATSDR Policy on Releasing and Sharing Data:

“El CDC cree que la salud pública y el avance científico avanzan más cuando los datos son distribuidos o compartidos con otros organismos de salud pública, investigadores académicos o privados de una forma abierta, oportuna y adecuada. El interés público, que incluye la difusión oportuna de la información para su análisis adicional,  es superior al que los científicos puedan tener sobre la propiedad de los datos adquiridos o generados con fondos federales. Estos datos son de hecho propiedad del gobierno federal y por tanto pertenecen a los ciudadanos de los Estados Unidos”.

El primer contenido del blog fue una foto Por el campo con mis amigos en la Sierra Norte de Sevilla; la propia cabecera del blog es una foto del Puerto de Oncala (Soria); ambos espacios marcan mi biografía.

Como decía en la Presentación, con el blog trataba de tener un espacio donde escribir regularmente; este ha sido precisamente un objetivo no cumplido dado que no he conseguido tener una pauta regular en la publicación, los artículos han surgido a impulso de mi actividad profesional de cada momento y los contenidos no han sido planificados.

Me imaginaba que el blog trataría temas marcados por la actualidad del momento que me interesasen profesionalmente. La realidad es que la selección y elaboración de contenidos no ha respondido a esos impulsos, sino a demandas de las que se han derivado aportaciones a grupos de trabajo, congresos, publicaciones y actividades docentes. Como consecuencia de ello el blog es menos fresco de lo que yo había imaginado, los artículos son más largos (y en ocasiones pueden ser pesados) y los contenidos han ido diversificándose a medida que lo ha hecho mi actividad profesional.

Tenía previsto escribir sobre tres temas: sistemas de información, estadísticas sanitarias e innovación. Como se ve en la nube de etiquetas elaborada a partir de los textos de todos los artículos publicados, aunque estos temas están reflejados en los contenidos, han sido superados por aspectos relacionados con la administración pública (gobierno abierto, transparencia, competencias directivas etc) y de hecho este blog ocupa una posición interesante  en la blogosfera sobre el sector público. Otros caminos por los que han fluido los contenidos transitan por la salud pública,  las redes sociales o aspectos relacionados con la ética (bioética y ética y administración pública). Cada uno de estos temas obedece a momentos distintos; así, el borrador del plan estadístico o la estancia en la Rotterdam School of Management propiciaron artículos sobre estadísticas, las colaboraciones con el IAAP los artículos sobre mentoring o competencias directivas, las responsabilidades en desarrollo de sistemas de información e intranet 2.0 los de sistemas de información y redes sociales, así como la aprobación de leyes de salud pública o los trabajos relacionados con el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas los artículos de cada una de estas materias.

El blog en sí mismo ha generado poca conversación, medida esta en los comentarios recibidos, siendo más frecuente la interacción conseguida en Twitter y Factbook. Para mí sin embargo ha sido de gran interés dado que me ha ayudado a sistematizar las aportaciones que he hecho en diversos ámbitos y que de otra forma posiblemente se hubieran perdido; ello espero me sirva para ordenar monográficamente en el futuro los contenidos siguiendo un orden temático.

En cuanto al formato, creo que ya es hora de que vaya cambiando la plantilla que utilizo, y otra cosa que no debo demorar es el hacer un uso más adecuado de las marcas y etiquetas. Tanto mi cuenta en Twitter @jgarcialeon como en Facebook  y Linkedim han sido de gran utilidad para difundir los contenidos del blog a mis colegas y amigos.

No renuncio a contenidos más ágiles, espontáneos y menos formales, pero de momento mantendré la misma línea de contenidos y seguiré utilizando otros formatos más ágiles para las píldoras de contenidos. Especialmente Twitter, pues en Facebook a pesar de dar más posibilidades, las aportaciones de tipo profesional se ven minimizadas por el activismo y el ocio.

Gracias a quienes habéis mostrado interés en lo que he compartido con vosotros y espero que los contenidos os sean de utilidad, yo espero seguir pasándomelo bien contándoos mis cosas.

Para disponer de líderes competentes las organizaciones necesitan implantar programas de formación. Desde hace tiempo se han identificado las características que han de tener los programas de competencias directivas; están revisadas en este artículo a partir de: la publicación “Creating a Leadership Development Program: Nine Essential Tasks” que hizo una revisión de las mismas centrándose en el sector privado, pionero en este tipo de programas; el trabajo “10 Tips for Creating a Public Sector Leadership Development Program” realizado a partir de la experiencia de programas de competencias directivas en diversas agencias del sector público en USA, y el informe “Managing Competencies in Government: State of the Art Practices and Issues at Stake for the Future” de la OCDE que hace una revisión de la situación en los países que presentan un sistema de gestión por competencias en la administración pública más maduro.

Aspectos a tener en cuenta en los programas de formación en competencias directivas:

1. Implicación de la dirección. Es una decisión estratégica que suele tomarse en un ambiente de reformas estructurales e implantación de la gestión basada en competencias y relacionada con la planificación de la siguiente generación de directivos, por lo que es una decisión de los máximos niveles de la organización. El programa ha de ser un reflejo de la cultura de la organización. Quien dirige y gestiona el proyecto debe estar bien definido y tener un nivel y recursos adecuados. Los proyectos de competencias directivas suelen ser comunes para toda la organización mientras que los de competencias técnicas o dirigidos a personas de los otros niveles suelen estar descentralizados.

2. Procedencia de los recursos. Hay que buscar un equilibrio entre los recursos formativos internos y externos; los internos transmiten la estrategia, cultura y expectativas de la organización. Los externos aportan la visón exterior, aclaran conceptos, experiencias y conocimientos para entender y enriquecer nuestro modelo de competencias. El programa ha de contar con fondos suficientes y soporte organizativo y administrativo

3. Definición de las competencias directivas. El programa ha de estar basado en un modelo de competencias; algunas organizaciones adoptan competencias teóricas, otras las adaptan o desarrollan un modelo propio de acuerdo a su misión y valores. El primer paso es definir el grupo de personas a quien se dirige el programa (directivos, niveles concretos, etc), y a continuación se definen sus competencias. Hay competencias genéricas y otras adaptadas a niveles jerárquicos o unidades de negocio, en función de los destinatarios del programa. El primer grupo destinatario de estos programas suele ser la alta dirección y después se suele extender al resto de la organización. La OCDE ha identificado 8 competencias básicas para la administración pública (y especialmente para sus directivos) agrupadas en cuatro áreas:
   1. Pensamiento creativo (creatividad e innovación).
   2. Flexibilidad (flexibilidad y gestión del cambio).
   3. Cooperación (colaboración en el trabajar con otras áreas y establecimiento de alianzas).
   4. Pensamiento estratégico (visión y orientación hacia el futuro).

4. Convocatoria. Los mejores resultados se obtienen cuando la convocatoria es abierta  como paso previo a un proceso de selección competitivo, con peores resultados si los candidatos son designados directamente. La convocatoria debe tener la máxima publicidad interna y llegar a todos los posibles candidatos e incluir información sobre objetivos, duración y contenidos del programa, requisitos de los aspirantes, criterios de selección, dedicación, financiación (programa y otros gastos como desplazamientos), evaluación, fechas clave etc.

5. Selección de los candidatos. Algunas organizaciones abren el programa sólo a los directivos actuales o futuros mientras que otras lo hacen más extensivo. Los criterios de selección deben ser conocidos; pueden incluir test, entrevistas, estudio 360º etc. y tener en cuenta características como interés, propósitos, confianza, asertividad, preparación psicológica, control emocional e iniciativa entre otros. Pueden tenerse en cuenta las necesidades estratégicas, diversidad demográfica, competencias técnicas (ser competente en su tarea antes de gestionar a otras personas).

6. Evaluación de las competencias directivas de los participantes. El método habitual de evaluación del participante es mediante el estudio 360º a través de cuestionarios cumplimentados por su jefe, colaboradores y personas de su mismo nivel con las que se relaciona que esté adaptado al mapa de competencias. Puede realizarse con herramientas propias o externas, pero siempre validadas. Importancia del coach para dar feedback de la evaluación y supervisión del plan de acción.

7. Plan de acción de desarrollo personal. Es un plan de trabajo personalizado que incluye tanto acciones concretas a realizar como acciones formativas que pueden ser compartidas con otros que tengan unas necesidades comunes, mediante las metodologías más adecuadas. Es fundamental un seguimiento de cada participante por un supervisor, tutor, mentor o coach según los casos.

8. Plan de acción en el ambiente habitual. Las acciones de aprendizaje incluidas en el plan de acción deben realizarse en el entorno de trabajo habitual dado que su objetivo es potenciar el equipo de trabajo y contribuir al desarrollo de la organización.

9. El programa se refuerza con otras estrategias de la organización. Las estrategias y acciones de gestión de personal deben reforzar el programa y no incluir medidas en contradicción con le mismo. Son importantes también los actos simbólicos como sesiones de bienvenida y clausura, reconocimiento formal de los que han participado etc.

10. Evaluación. Estos programas han de ser flexibles y en revisión constante. La evaluación básica se refiere al grado de satisfacción de los participantes y se hace más compleja evaluar conocimientos, conductas, impacto en el equipo de trabajo o la organización y retorno de la inversión. Entre los mecanismos de evaluación se pueden incluir: Conocimiento de conceptos pre y post, 360º antes y después, participantes que siguen en la organización tras 1, 3y 5  años o que han ascendido en 1, 3 y 5 años y percepción del supervisor del alumno.