Acceso a datos públicos

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Se espera que cada día habrá una mayor presión por parte de la población para tener un libre acceso a los datos gestionados por las Administraciones Públicas, con las limitaciones específicas derivadas de la seguridad colectiva y la confidencialidad de los datos personales; quizás por ello la “trasparencia” está cada vez más presente en el lenguaje político. Creo que cualquier intento de ignorar esta presión por parte de la sociedad y limitar los accesos a esta información es algo así como ponerle puertas al mar.

Las primera ley sobre esta materia fué la Freedom of the Press Act de Suecia en 1766 y un referente importante más reciente fué la Freedom of Information Act (FOIA) de 1966 en USA. Un total de 85 paises tienen en vigor una ley de estas características, entre ellos 22 de los 27 estados de la Unión Europea, siendo la excepción: España, Luxemburgo, Chipre, Malta y Grecia.

Este tipo de normas se considera básico para conseguir la trasparencia de los poderes públicos y así evitar practicas corruptas, siendo este el objetivo de un conjunto de organizaciones que constituyen la Coalición Pro Acceso. Parece que están consiguiendo su inclusión en la agenda poliítica, dado que el Presidente del Gobierno se ha pronunciado así: “Quiero en este último sentido anunciar hoy que mi Gobierno promoverá en esta Legislatura la aprobación de una nueva ley que garantice el mayor acceso posible a la información pública en España”.

Estas normas van en linea con las propuestas de Gobierno Abierto u Open Government, del que se espera un notable impulso con la llegada de Obama a la Casa Blanca. Un aspecto asociado al Gobierno abierto es el de dato abierto (Open data principles). Los datos de las administraciones serán considerados abiertos si cumplen estos principios:

  1. Completos. Todos los datos públicos han de estar disponible. Son públicos los datos que no tienen limitaciones por cuestiones de seguridad, confidencialidad o privilegios especiales.
  2. Datos primarios. Han de estar disponibles los datos primarios, con el máximo nivel de desagregación, no agrupados o modificados.
  3. A tiempo. Los datos estarán disponibles lo más rápidamente posible tras su obtención para que no pierdan su valor.
  4. Accesibles. Los datos estarán disponibles para la gama más amplia de usuarios y la gama más amplia de propósitos.
  5. Tratamiento automátizado. Los datos se suministrarán de forma que se permita su tratamiento automatizado.
  6. No discriminación. Los datos estarán disponibles para cualquier persona, sin requisito previo de registro.
  7. Formato no propietario. Los datos estarán disponibles en formatos no propietarios.
  8. Sin licencia. Los datos no estarán sometidos a ninguna regulación de copyright, patente, marca registrada o secreto comercial. Puede haber restricciones razonables de confidencialidad, seguridad y privilegios especiales.

La Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público es la trasposición de la Directiva 2003/98/CE, de 17 de noviembre de 2003 y supone un avance en cuanto al acceso a los documentos (habla de documentos, no datos) en poder de las Administraciones Públicas. En los últimos años se han ido desarrollando o adaptando normativas de ámbito sectorial a los principios de Open government, pero no había una norma de ámbito general. Aunque esta Ley supone un avance, en muchos sectores se considera que se ha quedado corta, dado que se centra en la reutilización, pero no aborda el libre acceso a los datos de la Administración y en concreto no responde al concepto de Open data.

En el Artículo 1, se especifica que: “La presente ley tiene por objeto la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las Administraciones y organismos del sector público”.

No es aplicable a: “Los documentos sobre los que existan prohibiciones o limitaciones en el derecho de acceso en virtud de lo previsto en el artículo 37 de la LEY 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas que regulan el derecho de acceso o la publicidad registral con carácter específico”.

No afecta por tanto a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes y archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública que se rigen por sus normas específicas:

  • Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Al no desarrollarse esta ley, no están establecidos los mecanismos de difusión y acceso a los datos epidemiológicos, o sobre calidad, asi como otra información de interés para elegir médico o centro sanitario. Un interesante debate puede surgir a propósito de quien podrá acceder a los datos (debidamente anonimizados) de la historia clinica electrónica a efectos de investigación.
  • Ley 12/1989 de función Estadística Pública. Los órganos estadísticos han avanzado notablemente en su apertura de datos (es de destacar su adopción del Código de Buenas Prácticas de Eurostat), pero hay que tener en cuenta que una buena parte de las estadísticas oficiales son producidas por organismos que no han adoptado el Código de buenas prácticas y que sólamente una pequeña parte de los datos existentes forman parte de las estadísticas oficiales.

Por último indicar que aunque no tengamos una ley de acceso a la información pública, la tendencia es clara en ese sentido; prueba de ello es la Ley 27/2006 que regula entre otras cosas el derecho de acceso a la información ambiental y la Directiva INSPIRE 2007/2/CEE, cuyo efecto práctico ha sido una mayor accesibilidad a la información cartográfica del Instituto Geográfico Nacional.

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5 thoughts on “Acceso a datos públicos

  1. Andres Nin Pérez

    A ver si es verdad que pronto dejemos de ser una excepción en la UE respecto al acceso libre a la información administrativa. De nada sirve establecer el Proyecto Aporta si por otro lado no existe obligación de hacer accesible la información pública, y para todas las AAPP no sólo la Administración central.

  2. Yesika

    >Para proteger hay que conecor. Hay que generar interc3a9s, emocional pero tambic3a9n econc3b3mico. No veo otra manera para que los tiburones dejen de ser trofeos, como el gordo maricc3b3n de la foto cree que son (lo siento, no pude resistirlo).La primera vez que bucee con estos animales mi percepcic3b3n de ellos cambic3b3 por completo e inmediatamente quise compartir esta nueva perspectiva con quic3a9n me fuera posible. Darles una botana para agradecerles el espectc3a1culo me parece poco por el enorme dac3b1o que como especie les estamos haciendo. Y seamos honestos: JAMAS PODREMOS DOMESTICAR A LOS TIBURONES! una especie salvaJe, que llevaba* millones de ac3b1os reinando el occ3a9ano. Y una cosa mas, c2bfun ataque? c2bfque serc3ada uno solo entre los miles que los humanos les hacemos a ellos cada ac3b1o, dc3ada con dc3ada? Creo que vale la pena arriesgarnos, para sentirnos vivos, para poner los pies en la tierra otra vez y darnos cuenta que solo somos una pequec3b1a parte de todo eso. SE LOS RECOMIENDO, VAYAN AHI ABAJO Y Vc389ANLO CON SUS PROPIOS OJOS.RAY ALONSO

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