Ley sobre cuidados paliativos y muerte digna.

El cambio de titular del Ministerio de Sanidad Política Social e Igualdad ha supuesto un cambio de actitud respecto a la necesidad de sacar una norma sobre la asistencia sanitaria al final de la vida. Estas fueron las declaraciones de la anterior titular al poco de ser nombrada (20/04/2009):

P. En esta misma mesa, el ministro Soria me contó los planes para legislar sobre muerte digna y suicidio asistido. Aquello quedó aparcado por Zapatero. ¿Usted tiene planes en este sentido?
R. No forma parte de una prioridad en el debate social ni político; por tanto, no tengo intención de avanzar en este aspecto. No existe un clima social que demande este tipo de legislación.
P. Ni muerte digna ni suicidio asistido.
R. En ninguno de los dos casos hay demanda. Sí hacemos un esfuerzo para que haya cuidados paliativos que permitan a los pacientes morir sin dolor. Y un registro de voluntad previa.
P. Pero en España también hay rendijas para un caso Eluana. Está prohibido el encarnizamiento terapéutico, pero esto no ha impedido el caso de Inmaculada Echevarría o el caso Leganés, donde se persiguió a los médicos. Por ello el PSOE en su último congreso aprobó una moción para avanzar en una ley para la muerte digna. Y luego ha puesto el freno.
R. Ha sido objeto de reflexión, pero no hay una demanda social. El caso Leganés fue basado en denuncias falsas, se sobreseyó la causa. Lo que allí se hacía era lo que nosotros queremos: cuidados paliativos que no permitan que el paciente sufra dolor insoportable. Ahí la ley es segura y clara.

En año y medio parece que ha cambiado la sensibilidad social pues la nueva Ministra indicaba (12/11/2010) :

P. ¿Se puede recuperar la eutanasia?

R. Hay cosas que se pueden hacer en esa dirección, y se están haciendo. Andalucía nos ha demostrado que es una comunidad autónoma con capacidad de legislar sobre la muerte digna.

P. En verdad lo que ha hecho ha sido desarrollar la ley de autonomía del paciente de 2002.

R. …Sobre la muerte digna, que es un concepto sobre el que la mayoría de los españoles coincide, que tiene consenso, y que tiene que ver con disminuir el dolor con cuidados paliativos regulados y de garantía cuando un paciente está en estado terminal. Y en ese camino hay cosas para hacer y que podemos hacer perfectamente.

Una semana después, el Consejo de Ministros del 19 de noviembre anunciaba el calendario de desarrollo de nuevas Leyes en lo que queda de legislatura entre las que se encuentra prevista para marzo del 2011 la Ley sobre cuidados paliativos y muerte digna. La Ministra ha indicado que sus referentes son la Ley de Andalucía y la de Francia (ver también el informe La France palliative especialmente su página 30 en la que se pronuncia sobre otras iniciativas legislativas en Holanda, Bélgica o Suiza que supongo el Ministerio tendrá también en cuenta).

Respecto a la Ley de Andalucía, el Ministerio tiene la oportunidad de abordar aspectos que por limites competenciales no podían abordarse en la Comunidad Autónoma, concretamente los aspectos relativos a la objeción de conciencia, garantizándose que dentro del marco jurídico y de buena práctica clínica, los valores que imperen en la atención sean los del paciente y no los del profesional que le atiende.

Creo que sería bueno para los redactores de la nueva Ley tomar como referente el “The National End of Life Care Programme” del NHS que ha contado con 340 millones de euros para el periodo 2009 a 2011. No se trata por tanto de una Ley barata si se quiere abordar este tema en profundidad.

A mi modo de ver, la Ley y su desarrollo posterior, han de contemplar entre otros los siguientes aspectos:

– Cumplimiento de unos estándares mínimos de calidad en la atención y cuidados sanitarios.

– Que no haya retrasos en la prestación de los cuidados.

– Una oferta adecuada de cuidados paliativos.

– Oferta de cuidados en Atención domiciliaria.

– Infraestructuras en hospitalarias y de Centros socio-sanitarios que ofrezcan un entorno adecuado para la atención al final de la vida.

– Garantizar la continuidad de los cuidados del ámbito sanitario al socio sanitario o familiar.

– La participación y el apoyo a las personas cuidadoras y de su entorno inmediato.

– Formación de los profesionales en la atención al final de la vida, especialmente tratamiento del dolor y  aspectos éticos.

– Investigación sobre el final de la vida y  monitorización de los avances obtenidos con la ley como instrumento de evaluación de políticas públicas.

Buena parte de estos aspectos es posible que pudieran ser abordados adecuadamente sin necesidad de una nueva Ley con la cobertura que ya proporciona la Ley 41/2002 de Autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Parece no obstante adecuado profundizar en la regulación de los aspectos sanitarios relacionados con el final de la vida para evitar situaciones como las del Hospital de Leganés, reforzar la autonomía de los pacientes en estas circunstacias especiales, mejorar el tratamiento del dolor, y garantizar una atención adecuada al final de la vida.

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