Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), Salud e Investigación.

RGPD Proteccion de datos Salud InvestigacionEl nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) será de obligado cumplimiento en los 28 Estados miembros de la Unión Europea el 25 de mayo de 2018; los ficheros actualmente declarados a la APD, dispondrán de 2 años a partir de esa fecha para adaptarse. El tratamiento de datos debe ser equivalente en todos los estados miembros, que aunque introduzcan ciertas particularidades, no pueden hacer modificaciones substanciales sobre lo incluido en el Reglamento.

En España, se adapta el ordenamiento jurídico español al RGPD en el borrador del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Aborda temas como: el consentimiento explícito, consentimiento de los menores a partir de 13 años, acceso a datos de personas fallecidas, licitud de tratamiento de datos en ciertos ámbitos económicos, transparencia para el interesado, derecho a portabilidad con ciertas limitaciones respecto a los datos inferidos, amplia los supuestos en los que debe de haber un Delegado de Protección de Datos,  especifica ciertas situaciones en las que es necesaria la Evaluación de Impacto  y establece el régimen sancionador. Indica igualmente que se podrá hacer tratamiento de datos en cumplimiento de una misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, cuando derive de una competencia atribuida por la ley. No hace ninguna mención a salud o investigación; en consecuencia, los análisis sobre estos temas hechos en otros países son válidos para España, salvo que la legislación sectorial indique otra cosa.

 Aunque el RGPD introduce importantes novedades, algunos analistas consideran que su impacto no será tan oneroso como en principio se suponía; aun así, las organizaciones que procesan datos de salud tendrán que revisar en profundidad sus políticas, procedimientos y prácticas existentes para asegurar el cumplimiento.

Aspectos generales

Estos son los aspectos de ámbito general más destacados:

  1. Las organizaciones están obligadas a demostrar que cumplen con el nuevo Reglamento. Eso exigirá introducir cambios importantes en sus procedimientos de control.
  2. Establece la obligación de notificar las brechas de seguridad y cuando hay que informar a los interesados.
  3. Derecho a la portabilidad de los datos personales, generalmente gratuitamente.
  4. Obligación de llevar un registro del tratamiento de datos (desaparece la obligación de declarar el fichero a la APD).
  5. Todos los organismos públicos deben tener (en plantilla o contrato de servicios) un Delegado de Protección de Datos.
  6. La Evaluación de Impacto de Protección de Datos, obligatorio para procesamientos de alto riesgo, en los que se incluyen los datos de salud
  7. La protección de datos debe abordarse en todos los procesos de información, con seguridad inherente a los propios sistemas de información, protección por diseño.
  8. Establece medidas de transparencia y rendición de cuentas.
  9. Reglas más estrictas, en las que el consentimiento es la base para el procesamiento de datos.

En cuanto al alcance del RGPD, es una novedad que no incluye a las personas fallecidas, e incluye expresamente los datos sometidos a pseudonimización (tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable).

En cuanto a la estructura de los sistemas de protección de datos, nos encontramos con:

  • Supervisor Europeo de Protección de Datos
  • El Comité Europeo de Protección de Datos (Artículo 68).
  • Autoridad de control (nacional o subnacional) (Artículo 51).
  • Delegado de protección de datos (Artículo 37).
  • Encargado de tratamiento (Artículo 28)

El Delegado de protección de datos se convierte en la figura central del sistema de protección de datos, designado por los responsables y encargados del tratamiento, es una figura independiente con conocimientos especializados en Derecho y protección de datos, que rendirá cuentas al nivel jerárquico superior al del responsable o encargado. Es el referente para la dirección de la institución, usuarios, autoridades de control, responsable del tratamiento y encargado de tratamiento). Tiene que informar, asesorar, supervisar, además de cooperar con la autoridad de control. Específicamente  ha de asesorar en su ejecución de la evaluación de impacto y supervisar su cumplimiento.

El tratamiento de los datos de salud entre otros, debe estar sometido a una Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (Artículo 35). Será realizado por el responsable del tratamiento, antes del tratamiento; una única evaluación podrá incluir una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares. Esta evaluación debe contemplar al menos:

  1. Una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del tratamiento, inclusive, cuando proceda, el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento;
  2. Una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad;
  3. Una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados, y
  4. Las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y a demostrar la conformidad con el RGPD, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.

Se refuerza la exigencia de consentimiento, mediante una declaración o una acción positiva no pudiendo deducirse del silencio o de la inacción, estableciendo la obligación de disponer de sistemas de registro del consentimiento. Además se introduce la exigencia del consentimiento para la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información (internet), que será válido para mayores de 14 años, mientras que para menores de 14 años se necesitará el consentimiento del padre o tutor.

RGPD y  Salud.

El RGPD despeja cualquier duda acerca del tratamiento de datos sanitarios en funciones de auditoría, incluida en los usos legítimos de los datos. Contempla igualmente el tratamiento de estos datos para protección social (53).

Respecto a su uso secundario para investigación, queda igualmente claro la legitimidad de su uso, incluidos biobancos y big data, dado que permite un amplio consentimiento a “determinadas áreas de investigación cuando de conformidad con las normas éticas reconocidas” ( 33). Las normas éticas reconocidas implican que tenga que ser aprobado por un comité de ética de investigación, aprobación necesaria pero no vinculante para el delegado de protección de datos y encargado del tratamiento. El término investigación se considera de una forma amplia, incluyendo la investigación privada, desarrollo tecnológico, demostración, etc. El RGPD sí que es previsible tendrá impacto en la gestión de los datos personales en proyectos de investigación.

Los investigadores del Reino Unido consideran que el uso de los datos de salud a efectos de investigación no tiene limitaciones en el ámbito público al responder al interés general, pero las tendría en el uso de datos sanitarios a efectos de investigación a realizar por parte del sector privado. Igualmente, investigadores de proyectos o asociaciones profesionales europeas, consideran que no es necesario obtener el consentimiento expreso de cada una de las personas incluidas en una base de datos para utilizar estas bases de datos con fines de investigación.

Los datos de salud se incluyen entre las categorías especiales de datos personales (Artículo 9). En el considerando (35), se indica que en los datos personales relativos a la salud se deben incluir todos los datos relativos al estado de salud del interesado que dan información sobre su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. Específicamente hace mención a datos genéticos, todo número, símbolo o dato asignado a una persona física que la identifique de manera unívoca a efectos sanitarios, independientemente de su fuente, por ejemplo un médico u otro profesional sanitario, un hospital, un dispositivo médico, o una prueba diagnóstica in vitro. Aunque no es un dato sanitario, el RGPD contempla también los datos biométricos.

En el (45) se indica que cuando se realice un tratamiento de datos en cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o si es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, el tratamiento debe tener una base legal. Una norma puede ser suficiente como base para varias operaciones de este tratamiento de datos. Se indican como de interés público los fines sanitarios como la salud pública, la protección social y la gestión de los servicios de sanidad, de Derecho privado, como una asociación profesional.

El tratamiento de datos personales también debe considerarse lícito (46) cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física. Ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano.

El tratamiento de datos personales con fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos inicialmente solo debe permitirse cuando sea compatible con los fines de su recogida inicial (50). Las operaciones de tratamiento ulterior con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos deben considerarse operaciones de tratamiento lícitas compatibles. Con objeto de determinar si el fin del tratamiento ulterior es compatible con el fin de la recogida inicial de los datos personales, el responsable del tratamiento, debe tener en cuenta, entre otras cosas, cualquier relación entre estos fines y los fines del tratamiento ulterior previsto, el contexto en el que se recogieron los datos, en particular las expectativas razonables del interesado basadas en su relación con el responsable en cuanto a su uso posterior, la naturaleza de los datos personales, las consecuencias para los interesados del tratamiento ulterior previsto y la existencia de garantías adecuadas tanto en la operación de tratamiento original como en la operación de tratamiento ulterior prevista. Con todo, debe prohibirse esa transmisión en interés legítimo del responsable o el tratamiento ulterior de datos personales si el tratamiento no es compatible con una obligación de secreto legal, profesional o vinculante por otro concepto.

Se autorizan excepciones (52) a la prohibición de tratar categorías especiales de datos personales sin consentimiento expreso cuando exista una base legal y siempre que se den las garantías apropiadas, a fin de proteger datos personales y otros derechos fundamentales, cuando sea en interés público, en particular el tratamiento de datos personales en el ámbito de la legislación laboral, la legislación sobre protección social, incluidas las pensiones y con fines de seguridad, supervisión y alerta sanitaria, la prevención o control de enfermedades transmisibles y otras amenazas graves para la salud. Tal excepción es posible para fines en el ámbito de la salud, incluidas la sanidad pública y la gestión de los servicios de asistencia sanitaria, especialmente con el fin de garantizar la calidad y la rentabilidad de los procedimientos utilizados para resolver las reclamaciones de prestaciones y de servicios en el régimen del seguro de enfermedad, o con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos. Debe autorizarse asimismo a título excepcional el tratamiento de dichos datos personales cuando sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, ya sea por un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo o extrajudicial.

Las categorías especiales de datos personales que merecen mayor protección únicamente deben tratarse con fines relacionados con la salud (53) cuando sea necesario para lograr dichos fines en beneficio de las personas físicas y de la sociedad en su conjunto, en particular en el contexto de la gestión de los servicios y sistemas sanitarios o de protección social, incluido el tratamiento de esos datos por las autoridades gestoras de la sanidad y las autoridades sanitarias nacionales centrales con fines de control de calidad, gestión de la información y supervisión general nacional y local del sistema sanitario o de protección social, y garantía de la continuidad de la asistencia sanitaria o la protección social y la asistencia sanitaria transfronteriza o fines de seguridad, supervisión y alerta sanitaria, o con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, basados en el Derecho de la Unión o del Estado miembro que ha de cumplir un objetivo de interés público, así como para estudios realizados en interés público en el ámbito de la salud pública. Por tanto, el presente Reglamento debe establecer condiciones armonizadas para el tratamiento de categorías especiales de datos personales relativos a la salud, en relación con necesidades específicas, en particular si el tratamiento de esos datos lo realizan, con fines relacionados con la salud, personas sujetas a la obligación legal de secreto profesional. El Derecho de la Unión o de los Estados miembros debe establecer medidas específicas y adecuadas para proteger los derechos fundamentales y los datos personales de las personas físicas. Los Estados miembros deben estar facultados para mantener o introducir otras condiciones, incluidas limitaciones, con respecto al tratamiento de datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud. No obstante, esto no ha de suponer un obstáculo para la libre circulación de datos personales dentro de la Unión cuando tales condiciones se apliquen al tratamiento transfronterizo de esos datos.

El tratamiento de categorías especiales de datos personales, sin el consentimiento del interesado (54), puede ser necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. Ese tratamiento debe estar sujeto a medidas adecuadas y específicas a fin de proteger los derechos y libertades de las personas físicas. En ese contexto, «salud pública» debe interpretarse en la definición del Reglamento (CE) n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ), es decir, todos los elementos relacionados con la salud, concretamente el estado de salud, con inclusión de la morbilidad y la discapacidad, los determinantes que influyen en dicho estado de salud, las necesidades de asistencia sanitaria, los recursos asignados a la asistencia sanitaria, la puesta a disposición de asistencia sanitaria y el acceso universal a ella, así como los gastos y la financiación de la asistencia sanitaria, y las causas de mortalidad. Este tratamiento de datos relativos a la salud por razones de interés público no debe dar lugar a que terceros, como empresarios, compañías de seguros o entidades bancarias, traten los datos personales con otros fines.

El interesado debe tener derecho a no ser objeto de una decisión, que puede incluir una medida, que evalúe aspectos personales relativos a él, y que se base únicamente en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar, como la denegación automática de una solicitud de crédito en línea o los servicios de contratación en red en los que no medie intervención humana alguna (71). Este tipo de tratamiento incluye la elaboración de perfiles consistente en cualquier forma de tratamiento de los datos personales que evalúe aspectos personales relativos a una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relacionados con el rendimiento en el trabajo, la situación económica, la salud, las preferencias o intereses personales, la fiabilidad o el comportamiento, la situación o los movimientos del interesado, en la medida en que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar

Combinando información procedente de registros (157), los investigadores pueden obtener nuevos conocimientos de gran valor sobre condiciones médicas extendidas, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la depresión. Partiendo de registros, los resultados de las investigaciones pueden ser más sólidos, ya que se basan en una población mayor. Para facilitar la investigación científica, los datos personales pueden tratarse con fines científicos, a reserva de condiciones y garantías adecuadas establecidas en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

El presente Reglamento también debe aplicarse al tratamiento datos personales que se realice con fines de investigación científica (159). El tratamiento de datos personales con fines de investigación científica debe interpretarse, a efectos del presente Reglamento, de manera amplia, que incluya, por ejemplo, el desarrollo tecnológico y la demostración, la investigación fundamental, la investigación aplicada y la investigación financiada por el sector privado. Además, debe tener en cuenta el objetivo de la Unión establecido en el artículo 179, apartado 1, del TFUE de realizar un espacio europeo de investigación. Entre los fines de investigación científica también se deben incluir los estudios realizados en interés público en el ámbito de la salud pública.

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