¿Transparencia? De entrada, no

Etica Libertad Promocion saludEn cuatro ocasiones he ejercido mi derecho de acceso a datos públicos de acuerdo a la Ley de Transparencia, y en ninguna de ellas la respuesta inicial ha sido plenamente satisfactoria. Si bien es preciso indicar que el grado de insatisfacción ha sido muy desigual.

En las dos ocasiones que solicité información a la D. G. de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sólo me suministraron la información tras reclamar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). La solicitud que hice a la D. G. de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de Andalucía, me dio información incompleta; la que solicité y que me fue denegada por la Consejería de Cultura  de Andalucía, me fue denegada igualmente por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La primera solicitud fue sobre la composición y declaración de intereses de los miembros del Comité del Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la Hepatitis C. Denegada inicialmente la declaración de intereses, se me suministró tras reclamar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Del análisis de la información, que se puede ver en otra entrada de este blog, se identifican posibles mejoras en los formularios utilizados y lagunas en el cumplimiento de la declaración por algunos miembros. Llama la atención la posible falta de autonomía de los funcionarios del comité, dado que excepto una inspectora de farmacia, el resto ocupaban puestos de libre designación, cuyos jefes, con poder para poderlos desplazar de su puesto, también formaban parte del comité.

Las dos siguientes solicitudes fueron sobre los comités de vacunas del ámbito estatal y andaluz.

De la Ponencia de Vacunas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud solicité información sobre sus integrantes, lugar de trabajo, titulación y especialización y copia de sus declaraciones de intereses. En su respuesta inicial, en lugar de darme la información, me indicaron que:

“Los miembros de esta Ponencia realizan declaración de intereses y firman un compromiso de confidencialidad anualmente. En el último año ninguna declaración de interés de los miembros de la Ponencia ha requerido evaluación por existencia de algún interés específico que impida o limite la participación en las reuniones”.

Tras reclamar al CTBG me suministraron un listado con el nombre, titulación y especialidad (se omitió su lugar de trabajo) de las personas integrantes de la Ponencia, así como las “….copias de las declaraciones formales de intereses obrantes en poder de esta Dirección General”. Me dieron las declaraciones de 17 miembros, que creo podrían corresponder a los representantes de las Comunidades Autónomas. Se ha omitido por tanto la de las otras 12 personas vinculadas y que asisten a las reuniones de la Ponencia (pertenecientes al Comité Institucional, Comité Científico, Consultores, Revisores externos y Otros participantes).

En 6 de las 17 declaraciones, se indicaba haber recibido financiación para congresos o cursos: European Society for Paediatric Infectious Diseases ESPID (3), Asociación Española de VacunologíaAEV (2), European Scientific Working group on Influenza ESWI (1), SEISIDA (1) y 3 sin especificar la actividad. Es de destacar que en ninguna de las declaraciones se especificaba que laboratorio o entidad había financiado su participación, así como su cuantía, aspectos no contemplados en el formulario.

En resumen, la información suministrada ha sido incompleta, los formularios utilizados no contemplan información fundamental sobre la financiación de actividades (entidad y cuantía), y la cumplimentación de los formularios es mejorable. Esto pudiera ser la expresión de un escaso compromiso del Ministerio respecto a la transparencia y rendición de cuentas.

En la solicitud de información sobre el Comité de Vacunas de la Consejería de Salud de Andalucía, se respondió con la Resolución por la que se designaron sus miembros y suplentes, así como la justificación de su adscripción; todo esto en base a un desarrollo normativo específico. Además, suministraron las declaraciones de intereses de 26 de las 29 personas que integran el Comité, pues la D.G. de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica resolvió:

Conceder el acceso a la información solicitada, con la excepción de los documentos relativos a los miembros de la Comisión Asesora de Vacunas que han denegado la autorización.

Me resulta sorprendente que se permita la continuidad en el Comité a alguien que se niega a declarar sus intereses en relación con su pertenencia al Comité.

En 9 de las 26 declaraciones se indican intereses, en su mayoría asistencia a congresos: Asociación Española de Vacunología AEV (3), Asociación Española de Pediatría AEP (3), Reunión Gripe (2), SEMERGEN (1) y Medicina Preventiva (1). Una declaración hacía referencia a un ensayo clínico y otra a actividades docentes y de consultoria.

En general, las declaraciones estaban bien cumplimentadas, especificando en su caso la actividad y la entidad financiadora (menos una).

El propio formulario tiene un texto aclaratorio sobre qué son los conflictos de interés, e indica que para su confección se ha tomado como modelo el utilizado en la elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud, Actualización del Manual Metodológico.

En este caso por tanto, los procedimientos parecen adecuados, destacándose la especificación de sus bases normativas y referencias para la elaboración del cuestionario. La respuesta a la solicitud es sin embargo insuficiente, al permitir que haya miembros del Comité que no hagan pública su declaración de intereses. Por ello he recurrido al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La cuarta consulta realizada fué sobre la provisión de puestos de trabajo de libre designación en la Junta de Andalucía. Se estima que en la Administración General de la Junta de Andalucía, hay entre 1.500 y 2.000 puestos de estas características (principalmente jefaturas de servicio y subdirecciones, niveles 28 y 30), sin contar los entes instrumentales, e instituciones sanitarias y educativas; son plazas cuya convocatoria debe ser publicada en el BOJA.

Para seleccionar la plaza concreta sobre la que solicité información, tuve en cuenta los siguientes criterios: ser un puesto para el que no dispongo de la titulación específica requerida, la persona a la que se le adjudicó la plaza es desconocida para mí, y su nombramiento en BOJA hubiera sido recientemente. El objetivo no era valorar a la persona adjudicataria, sino al procedimiento.

Por ello solicité a la Consejería de Cultura, respecto a la adjudicación de una Jefatura de Servicio concreta, la siguiente información:

Nombre y apellidos de los candidatos a ese puesto. Curriculum vitae de cada una de esas personas. Nombre y apellidos de las personas que han compuesto la comisión de selección. Enumeración de los criterios utilizados en el proceso de selección de candidatos.

La respuesta de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura fue:

Resuelve: Conceder parcialmente la información solicitada, en el siguiente sentido:

1º Informarle de que la adjudicación de la referida plaza tuvo lugar a propuesta del titular de la Secretaria General técnica y Director de la Agencia de instituciones Culturales, de conformidad con el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

2º Informarle de que los criterios de selección del candidato que resultó finalmente seleccionado fueron los señalados en el artículo 64.2 del decreto 2/2002 de 9 de enero, esto es, el cumplimiento por parte del candidato elegido de los requisitos del puesto y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder el mismo.

3º Denegar, en el ámbito de sus competencias, el acceso a la información referida a los datos personales y curriculum vitae de los candidatos al puesto de trabajo de libre designación.

En primer lugar no entiendo cómo a esto se le puede llamar “conceder parcialmente la información”, cuando no me han contestado a nada. De la respuesta se desprende que no hay procedimiento reglado sobre este tipo de procesos selectivos, dado que ni el Decreto a que hace referencia lo especifica ni se ha desarrollado posteriormente.

La Resolución indica unos motivos, al menos curiosos para mí, por los que no dan información sobre las personas candidatas:

La solicitud que se analiza no incluye motivación alguna para justificar la solicitud de los datos pretendida.

….el acceso a los curriculum de los aspirantes no aporta información alguna sobre el resultado de la decisión adoptada sobre la cobertura de un determinado puesto de libre designación.

…..facilitar los datos de los aspirantes y, en consecuencia, hacerlos públicos a petición de cualquier ciudadano que pueda solicitarlos sin motivo aparente, afecta también al interés público de la administración convocante, en la medida en que la concurrencia deseada en estos procedimientos, pueda verse afectada como consecuencia de que pueda haber interesados en el acceso a estos puestos que no concurran a los mismos al no verse garantizada la confidencialidad de las candidaturas y de los datos personales incluidos en los curriculum de los aspirantes.

Al no estar de acuerdo, recurrí al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que estimó parcialmente la reclamación (ver aquí), al instar a la Consejería de Cultura que en el plazo de 15 días facilitase el curriculum de la persona adjudicataria de la plaza. Información que no se me ha facilitado, lo que además es innecesario, pues esta información está en la web. Justifica, de forma también al menos curiosa, el que no se suministre información sobre los candidatos a la plaza:

“…el acceso a los currículos de los aspirantes que no han obtenido el puesto conlleva un sacrificio de su privacidad que resulta excesivo para la satisfacción del interés público inherente a la divulgación de la información solicitada. Asimismo….podría tener efectos disuasorios en futuras convocatorias, ..”

Posiblemente su interpretación hubiera sido distinta si hubieran tenido en cuenta el Primer Dictamen del Consejo de Transparencia y la AEPD sobre acceso a datos de retribuciones, productividad y RPTs de empleados públicos. Pudiera ser aceptable la discrecionalidad en la adjudicación de estos puestos de trabajo, pero sería inaceptable la arbitrariedad, la cual no podemos descartar si no contamos con información suficiente sobre los procedimientos.

Me resulta curioso igualmente que todas las Resoluciones realizadas desde la Junta de Andalucía, terminen con un recordatorio de que:

“la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso”.

Podría interpretarse que su fin sea más intimidatorio que recordatorio.

 

Actualización 06/01/2019: Según información periodística obtenida del Portal de Transparencia de Andalucía, el número de puestos de libre designación de la Administración General de la Junta de Andalucía, es de 2.137 puestos de trabajo.

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Expectativas del “big data” y salud.

big data salud healthLa tecnología “big data” ha pasado (usando la terminología de Gartner) del pico de la expectativa, al valle de la desilusión, esperando alcanzar algún día la llanura de la productividad. Su pico de máxima expectativa como tecnología emergente fue en el año 2013, con previsiones de implantación entre 5 y 10 años; ese fue el año en el que los NIH iniciaron el programa The “big data” to Knowledge (BD2K), incluido ahora en el NIH Data Science Community. A partir del 2015, como suele ser habitual con las nuevas tecnologías, disminuyeron sus expectativas, con planteamientos más realistas. Esta situación gereral es igualmente aplicable al ámbito sanitario.

En la actualidad, la expectativa máxima en todos los sectores, incluido el sanitario está en la inteligencia artificial, que se supone será la tecnología más disruptiva en los próximos 10 años. Para su desarrollo se requieren entre otras cosas, avances notables en ““big data”” y en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje automático.

El análisis “big data” presenta diferencias con el análisis estadístico habitual, sumarizadas en el trabajo Medical “big data”: promise and challenges, en el que se indica que a pesar de las expectativas, su aplicación actual es más prometedora que efectiva. La evidencia de sus beneficios es escasa, enfrentándonos a problemas relacionados con la calidad delos datos, las limitaciones metodológicas de los estudios observacionales, aspectos legales y de gobernanza, entre otros. Se abre un debate metodológico interesante, pues a modo de ejemplo, hay diferencias en los resultados de la artroscopia de cadera, según se use análisis “big data” (peores resultados) o ensayos clínicos.

En una revisión sistemática se ha mostrado como los principales desafíos se hallan en la estructura, seguridad, estandarización, almacenaje y transferencia de datos, así como su gestión y gobierno.   Las principales oportunidades están en la mejora de la calidad asistencial, mejora de la salud desde la perspectiva poblacional, detección temprana de enfermedades, mayor accesibilidad y calidad de datos, mejora en la toma de decisiones, y reducción de costes.

Otra revisión sistemática, indica que no hay consenso en cuanto a una definición operativa de “big data” en la investigación sanitaria, siendo su escenario de uso muy amplio (desde unidades hospitalarias o patologías específicas a servicios de salud en su conjunto o industria farmacéutica), Sus usos en el ámbito asistencial se centran en el apoyo a las decisiones clínicas, la optimización de los procesos asistenciales y la reducción de costes; el mayor desafío en su implantación está en la falta de evidencia de su efectividad, al ser insuficientes los estudios de evaluación, con evaluaciones de impacto más cualitativas que cuantitativas. En cuanto a herramientas, la metodología más usada es el procesamiento del lenguaje natural y la herramienta Hadoop.

En cuanto al uso de datos por la industria farmacéutica, se han señalado tensiones entre la privacidad, la reutilización de datos bajo el paraguas del “open data” y la necesidad de datos masivos del “big data”.

En una revisión sistemática sobre las fuentes y métodos usados en el análisis de enfermedades crónicas, se indica que el “big data” permite análisis predictivo para: identificación de pacientes con riesgo de reingreso, prevención de infecciones hospitalarias, prevención de  enfermedades crónicas y obtención de modelos predictivos de calidad. Los métodos predictivos más usados son el árbol de decisiones, Naïve Bayes y Red Neuronal Artificial (ANN) y la herramienta Hadoop.

El debate sobre las amenazas y oportunidades del “big data” en el sector sanitario sigue abierto; es un camino a recorrer, con grandes posibilidades de tener un impacto positivo, aunque para ello debe superar importantes obstáculos.

Actualización 13 de junio: Excelente revisión sistemática sobre al análisis de grandes volúmenes de datos:  A Systematic Review on Healthcare Analytics: Application and Theoretical Perspective of Data Mining.

In recent years, a number of peer-reviewed articles have addressed different dimensions of data mining application in healthcare. However, the lack of a comprehensive and systematic narrative motivated us to construct a literature review on this topic. We found that the existing literature mostly examines analytics in clinical and administrative decision-making. Use of human-generated data is predominant considering the wide adoption of Electronic Medical Record in clinical care. However, analytics based on website and social media data has been increasing in recent years. Lack of prescriptive analytics in practice and integration of domain expert knowledge in the decision-making process emphasizes the necessity of future research.

Y aqui otra, tambien estupenda, sobre deep learnibg  Opportunities and obstacles for deep learning in biology and medicine

Has deep learning transformed the study of human disease? Though the answer is highly dependent on the specific domain and problem being addressed, we conclude that deep learning has not yet realized its transformative potential or induced a strategic inflection point. Despite its dominance over competing machine learning approaches in many of the areas reviewed here and quantitative improvements in predictive performance, deep learning has not yet definitively ‘solved’ these problems.

 

CMBD: Privacidad vs Open data

open data salud privacidad transparenciaMe ha resultado muy interesante la publicación en la página web de @SaludMadrid de los microdatos del CMBD hospitalarios y ambulatorios, pues desde la perspectiva de “open data” son unos datos muy esperados. Ello me parece una buena iniciativa, si bien, pienso que la forma en la que se ha hecho no es adecuada, puesto considero que en determinadas circunstancias, podría producirse una violación de la seguridad de datos personales.

Los ficheros publicados contienen de forma anónima la información completa de cada registro del CMBD. Entre esta información, además del Servicio y Hospital de Ingreso y diagnóstico al alta entre otras cosas, se incluye información sobre municipio de residencia y código postal, fecha de nacimiento, fecha y hora de llegada al servicio de urgencias, fecha y hora del ingreso hospitalario, fecha y hora del alta, fecha y hora del traslado etc.

Según informa César Pascual, Director General de Coordinación de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Salud, la iniciativa se enmarca en la “estrategia de datos abiertos de transparencia” y el siguiente paso será “actualizar en el mismo formato el consumo de fármacos tanto por hospital como por receta”. Parte de la idea de que “…. medir resultados en lugar de actividad resulta complejo con los modelos de evaluación actuales, pero el primer paso es, sin duda, la transparencia: “El futuro está en el open data, y hacia ahí estamos trabajando. Tenemos bases de datos muy amplias pero sólo hacemos públicos algunos indicadores, que no dejan de ser interpretaciones de los datos. Debemos publicar los datos y que el que quiera los interprete””.

De lo anterior se desprende que podría ser una iniciativa open data” amparada por la Ley 37/2007, de reutilización de la información del sector público, entendiendo por reutilización, el uso de documentos que obran en poder de las Administraciones y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales. Esta ley sin embargo no es aplicable a los documentos con límites en su acceso por motivos de protección de los datos personales. Prevalece el derecho a la protección de datos de carácter personal frente al de transparencia, a menos que se produzca la disociación de los datos. Cuando la información se facilita de forma disociada, y contuviera elementos suficientes que pudieran permitir la identificación en el proceso de reutilización, queda prohibida la reversión del procedimiento de disociación mediante la adición de nuevos datos obtenidos de otras fuentes.

Por otra parte, el CMBD genera datos incluidos en la estadística pública; la normativa estadística establece la obligatoriedad del secreto estadístico y la limitación en la difusión cuando se atente a la protección del secreto estadístico.

Sin necesidad de entrar en las especificaciones especialmente restrictivas sobre los datos sanitarios contemplados en la Ley 41/2002 de autonomía del paciente y documentación clínica, la LOPD establece claramente que son datos de carácter personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables; no siendo necesario el consentimiento informado si se comunican datos tras proceso de disociación, entendido este como el tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable.

El RGPD establece igualmente que el principio de protección de datos debe aplicarse a toda la información de una persona física identificada o identificable. No hace referencia a datos disociados, y establece que los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo.

Introduce no obstante el concepto de seudonimización entendido como el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable.

Podríamos pues considerar que los datos del CMBD de la Comunidad de Madrid son datos seudonimizados y por tanto sometidos al RGPD. Podrían ser utilizados en las circunstancias específicas que marca el RGPD como es la investigación, pero no ser susceptibles de distribuirse de forma generalizada, aunque sean datos anónimos.

Se ha indicado igualmente que la publicación de los datos del CMBD es una medida de transparencia. La Ley de transparencia contempla el equilibrio entre la protección de datos y la transparencia: en la medida en que la información afecte directamente a la organización o actividad pública del órgano prevalecerá el acceso, mientras que, por otro, se protegen los datos que la normativa califica como especialmente protegidos, para cuyo acceso se requerirá, con carácter general, el consentimiento de su titular. Establece límites claros tanto en cuanto al derecho de acceso por parte de los ciudadanos, como a la publicidad activa por parte de los organismos públicos;  cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.

En base a lo anterior, podríamos concluir que se ha procedido a publicar datos sin identificación personal, que cabrían en el concepto de datos seudonimizado. Al no establecer ninguna restricción en cuanto a mínimo ámbito geográfico de difusión, las personas serían fácilmente identificables en municipios pequeños, cual es el caso de los 99 municipios de la Comunidad de Madrid con población menor de 5000 habitantes.

De hecho, en la distribución estadística sobre datos tales como mortalidad, interrupción voluntaria del embarazo o incidencia de enfermedades, tradicionalmente se han establecido límites en cuanto a tamaño de la población, por debajo de los cuales no se distribuyen datos individuales aunque estos fuesen anónimos; además, había criterios generales del tipo que no hubiese ningún ámbito de análisis definido en la que en una tabulación hubiese elementos que permitiesen identificar a una persona.

Por otra parte, el paradigma de anonimización y establecimiento de límites territoriales en su distribución, ha quedado obsoleto, pues con recursos, tratamiento adecuado e información mínima,  es posible identificar con alta probabilidad a personas concretas en ficheros anónimos al cruzarlos con otros ficheros en los que sí figure la identificación. Los datos publicados sobre el CMBD, contienen datos clave para estos propósitos como fechas y lugares. Una revisión sistemática en 2011 estimaba que en un 34% de los registros de ficheros sanitarios se podría reidentificar a la persona, si bien se trataba de estudios a pequeña escala o en los que los datos no habían sido disociados con los estándares adecuados.

Lamentablemente, el tiempo ha confirmado la potencia de las técnicas de re-identificación, alcanzándose unos niveles muy elevados de identificación de las personas, en determinadas circunstancias próximos al 100%.

En definitiva, es preciso no confundir las iniciativas de open data (uso de los datos con fines comerciales o no), de las de transparencia de la actividad pública y acceso de las personas a la información pública. Además, hay que utilizar las técnicas más avanzadas en los procesos de disociación, completándolas con técnicas de transformación de datos (synthetic data); pero sobretodo establecer procedimientos de tratamiento de datos con altos estándares éticos y aplicando (por supuesto) el Reglamento General de Protección de Datos, que hoy entra en vigor.

Conflicto de intereses y Hepatitis C

DSC_0203En diversos medios profesionales y de comunicación surgieron comentarios que ponían en duda la independencia profesional de buena parte de los miembros del comité creado por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) para la elaboración del Plan Estratégico Nacional para el abordaje de la Hepatitis C.

Ante esas dudas solicité al MSSSI información sobre la composición y declaración de intereses de estas personas, pero no me dieron la información sobre las declaraciones de intereses (ver artículo). Por ello reclamé al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el cual instó al MSSSI a darme tal información. Acceso a la web del CTBG con el texto de la Resolución.

He recibido una fotocopia de las declaraciones del coordinador científico, grupo de expertos y grupo redactor del Plan Estratégico, pero no así de los tres revisores externos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que de acuerdo a los procedimientos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) los revisores externos no están obligados a hacer tal declaración.. El impreso de declaración empleado ha sido el de la AEMPS. Todos los miembros de grupo redactor del son empleados del MSSSI, y han indicado que no tienen intereses a declarar, por lo que he centrado mis comentarios en el grupo de expertos.

En el documento utilizado para la declaración, se observan algunos aspectos susceptibles de ser mejorados:

– Disponibilidad del documento. No existe o yo no he encontrado en la página de la AEMPS el documento usado por la agencia ni tampoco información acerca de cómo resuelve los posibles conflictos. En definitiva, información insuficiente que creo pueden mejorar para una mayor transparencia.

– Modelo de declaración. Hay confusión terminológica, denominándose: “Declaración pública de conflicto de intereses y confidencialidad de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”:

  • Si es una declaración pública ¿Por qué motivo no se hace pública? ¿Por qué se me denegó en primera instancia?.
  • Confunde los términos “declaración de interés” con “conflicto de interés”. El documento es una declaración, si existe o no conflicto, sea real o percibido, es una consideración a hacer por otros, no exclusivamente por el interesado. Un conflicto de intereses se produce en aquellas circunstancias en que el juicio profesional sobre un interés primario, como la seguridad de los pacientes o la validez de la investigación, puede estar influenciado en exceso por otro interés secundario, sea éste un beneficio financiero, de prestigio y promoción personal o profesional. La declaración no deja de ser una información en la que se indican los intereses que existen, que son legítimos y no tienen por qué invalidar la solvencia profesional, pero han de servir para que sus aportaciones puedan se contextualizada por otras personas; la importancia de estos intereses puede en ocasiones aconsejar la exclusión de la persona en la toma de decisiones. Resulta excesiva la pregunta en la que se les pide a los declarantes que indiquen Si o No acerca de si tienen conflictos de intereses, mientras que en ningún sitio se indica qué intereses son incompatibles con la pertenencia a los comités o grupos de expertos.

-Obligación de hacer la declaración. No tiene sentido excluir de la declaración a los revisores externos, cuya opinión puede influir lógicamente en los redactores.

El modelo está basado en el de la European Medicines Agency (EMA), pero no está actualizado. En el de la EMA es adecuado el nombre (declaración de intereses), no pregunta a la persona que hace la declaración si hay conflicto o no (que no es quien debe hacer esa valoración), incluye de forma específica los ingresos por docencia así como la financiación de ensayos clínicos en su centro de trabajo y la participación en actividades de sociedades o grupos financiados parcial o totalmente por la industria; además debe de ser cumplimentado por los revisores externos. A mi juicio presenta no obstante lagunas importantes en los gastos de viajes y congresos.

En cuanto a lo expresado en la declaración por los 7 miembros del Grupo de Expertos:

  • Cuatro de ellos, incluido su presidente, indicaron que no tenían intereses a declarar.
  • Del resto, ninguno trabaja o ha trabajado para la industria farmacéutica, ha realizado asesoramiento estratégico, tiene intereses económicos en una empresa farmacéutica, o es propietario de patente.
  • Uno de los expertos ha realizado trabajos de consultoría, trabajado como investigador principal y en un centro que ha recibido financiación para investigación, sobre tratamientos de la Hepatitis C por MSD, Gilead, AbbVie, Janssen, y BMS.
  • Otro trabaja en un centro que recibe financiación de Roche, Gileard, Abbvie, MSD y un familiar trabaja para Pfizer.
  • Un tercero trabaja en un centro que recibe financiación de Roche, MSD, AbbVie, Gilead, Janssen, BMS  y Schering.

El documento de declaración, y las aclaraciones para su correcta cumplimentación presentan lagunas por las que, aún suponiendo buena intención por parte de los declarantes, hay aspectos que no se han consignado en las declaraciones y que se detectan con una somera búsqueda en Internet. Así, no está especificada en la declaración el patrocinio de Gileard de actividades docentes gestionadas por uno de los  miembros del comité, la financiación de otro por Gileard de su participación en eventos internacionales, o la información (de una persona que no declaró intereses) de que su centro (el ISCIII, del que era director) colaboró en la selección de proyectos de investigación financiados por Gileard,

En conclusión, se desprende que:

  • Es preciso modificar el modelo de declaración de intereses utilizado por la AEMPS, y que incluya al menos los criterios contemplados por la EMA, aún teniendo en cuenta que el de la EMA es claramente mejorable.
  • Para mejorar la transparencia de la AEMPSA, esta debe incluir en su web: los modelos de declaración, las declaraciones realizadas por cada uno de los miembros de sus comités (incluyendo los revisores externos) y sus principios y procedimientos para gestionar los conflictos de intereses, tomando como referencia al menos la European Medicines Agency policy on the handling of declarations of interests of scientific committees’ members and Experts. Es importante saber qué grado de intereses limita la participación o incluso es motivo de exclusión para poder participar en órganos de consulta, asesoramiento o decisión.
  • Los profesionales debemos hacer una declaración de intereses lo más amplia posible y que sea además pública, como compromiso ético. Una declaración en esos términos, además nos reporta beneficios, dado que puede evitar interpretaciones inadecuadas de nuestras relaciones con la industria. Creo que los modelos de declaración usados en el caso que nos ocupa, así como su no difusión, han perjudicado más que beneficiado a los miembros del comité.

Como consideración final: el ejercicio del derecho a acceder a la información puede ayudar a mejorar la calidad de la administración pública, aumentar el control sobre la toma de decisiones y contribuir al bien común, por lo que animo a todas las personas a ejercer este derecho.

Transparencia y empleados públicos

DSCF1080En esta entrada se presenta un resumen de los planes de acción elaborados por los participantes de uno de los talleres sobre Gobierno abierto, Transparencia y datos abiertos organizados por el Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) dirigido a los niveles intermedios de la Administración (tales como jefatura de servicio).

El objetivo de estos planes de acción es trasladar al puesto de trabajo los contenidos de la acción formativa.

En general los participantes hacían referencia al reto que les suponen tanto las leyes de Transparencia como el propio concepto de Gobierno Abierto. Algunos manifestaron que su principal reto era responder a estas leyes en ámbitos concretos como subvenciones, desarrollo normativo, contratación (nueva Directiva) o gestión de contenidos en la web,

Para la mayoría el reto era fundamentalmente interno; en algunos casos del tipo de superar la resistencia a suministrar datos para su publicación, mientras que en otros el reto era incorporar la transparencia en el plan estratégico de la organización, hacerla transparente a los trabajadores o hacer que su propia unidad tuviese una mayor transparencia interna. Para otro participante el reto era dar acceso a los ciudadanos a sus propios procedimientos como suministrar información estadística sobre las actividades de la administración.

Las inquietudes de los participantes en relación con estos temas eran, en el plano ciudadano, la calidad democrática, la sociedad participativa, la necesidad de mayor transparencia en el uso de los datos en poder de la administración para dar confianza, cómo dar más control a los ciudadanos sobre la administración y el gobierno y favorecer la concurrencia en la contratación. En el ámbito profesional sus inquietudes se centraban en aspectos relacionados fundamentalmente con aspectos internos del tipo gestión del cambio, transparencia interna (con los trabajadores y otros organismos o unidades), transparencia hacia el exterior, e incorporación de nuevas tendencias y herramientas que hagan el trabajo más eficiente.

El taller les aportó que la transparencia es necesaria para la participación y colaboración de los trabajadores en la organización, la comunicación y participación interna como motor de transparencia, el largo camino que nos queda por recorrer, la necesidad de compartir información vía web tanto dentro de la Junta de Andalucía como entre la Junta y los ciudadanos, la importancia económica de la reutilización de la información del sector público y por supuesto identificación de los aspectos concretos que la ley de transparencia establece.

Como elemento favorables para avanzar en transparencia, entre las aportaciones se indicaba la presión ciudadana sobre este tema, el previsible apoyo de las empresas (en lo referente a contratación), el propio clima laboral e implicación de su equipo, el interés por los temas sindicales que le afectan (en relación a mayor transparencia sobre las relaciones con los representantes de los trabajadores), las posibilidades tecnológicas y la voluntad del gobierno con el desarrollo normativo.

Como limitaciones para avanzar en este sentido, se apuntaron la lentitud del proceso, cambio de cultura organizacional y resistencia al mismo, sobrevaloración de los posibles efectos no deseados, LOPD, inadecuación de los sistemas de información, falta de cultura informacional, resistencia de la dirección, especialmente a dar más información de la obligatoria contemplada en la ley.

Para avanzar en estos aspectos en su puesto de trabajo concreto, los participantes indicaban que se debe evitar improvisación, voluntarismo, planteamientos genéricos, imprecisos e inabarcables, así como dar información poco útil, no reutilizable o difícil de tratar por su extensión, roles y responsabilidades no bien definidos, centrarnos en los datos y olvidar el proceso de toma de decisiones, o freno por parte de la dirección.

Para avanzar en estos aspectos en su puesto de trabajo concreto, los participantes indicaban que los elementos positivos de apoyo con los que cuentan, la mayoría indicó que las personas de la organización y el clima laboral eran el principal haber para el cambio. Se apuntó igualmente a las posibilidades tecnológicas, la implicación de la dirección, la oportunidad para mejorar la comunicación, la obligación del cumplimiento de la Ley y el convencimiento y presión de la ciudadanía.

En cuanto a los objetivos incluidos en el plan de acción, entre los participantes había iniciativas de difundir información sobre subvenciones, administración electrónica, desarrollo normativo, contratos, actas de reuniones y proceso de toma de decisiones, publicación en la web etc y su correspondiente estudio normativo.

Buena parte de las acciones eran encaminadas a una mayor transparencia interna, con iniciativas de actuación sobre los “propietarios” de los datos para que facilitasen su publicación y compartir su uso, difusión entre los trabajadores de actas de las reuniones con interlocutores sociales, hacer más transparentes y participativos los procedimientos internos, medir y difundir la actividad de la unidad, así como incorpora un objetivo sobre transparencia en la planificación estratégica de su organización. Algunas iniciativas estaban encaminadas a facilitar a ciudadanos y empresas acceso a sus procedimientos electrónicos.

Mis colegas y amigos y las Redes Sociales en Salud

redes sociales salud EBEEn artículos anteriores he mostrado una revisión sistemática sobre las redes sociales y la información en salud y sobre los datos d econtexto del uso de las redes sociales en realación con la salud en España. Con la finalidad de recabar ideas sobre los temas que podrían ser de interés a los asistentes a EBE sobre redes sociales en relación con la salud #saludEBE, pedí a colegas y amigos que me proporcionasen cada uno una única idea que pudiera ser de interés para el debate. Entre las personas que me han contestado hay profesionales sanitarios asistenciales y del ámbito de la salud pública, personas sanas sin relación con el mundo sanitario o tecnológico, alguna que ya tiene algún achaque, y alguna del ámbito de la comunicación.

Como tónica general todos hablaban de las redes sociales y salud en presente.

Sobre en qué centrarse, alguien foráneo al mundo sanitario, tecnológico o de la comunicación, se preguntaba claramente si estamos hablando de las redes sociales al servicio de la salud o del ámbito sanitario como espacio de desarrollo (al servicio) de las redes sociales.

Varios comentarios procedentes del ámbito no sanitario se referían a las oportunidades que ofrecen las redes sociales para acceder a la información sanitaria para mejorar la calidad de vida, dar consejos para evitar enfermedades y especialmente actuaciones ante epidemias y situaciones de crisis. Incluso había una pregunta acerca de si existe el ya clásico (y creo que superado) dilema entre costumbres saludables “analógicas” (reuniones presenciales con los amigos, paseos, etc.)y redes sociales o si coexisten ambos ámbitos.

Para algunos la preocupación estaba en la calidad de la información, la promoción de hábitos no saludables o sin fundamento y la dificultad de la población general para discernir la calidad de la información, teniendo en cuenta que la promoción de acciones no saludables suele tener más viralidad que las saludables. Alguien se preguntaba concretamente si las redes se autogestionan tanto como para marginar con el tiempo las informaciones erróneas o mal intencionadas.

Para enfatizar los buenos o malos usos de las redes sociales, alguien me envió esta presentación de @luisluque El bueno el feo y el malo”.

Un colega se preguntaba si las autoridades sanitarias deberían tener acceso a los datos que cuentan las redes sociales y que podrían ser de interés por ejemplo para la identificación y actuación ante una epidemia.

En cuanto a las redes sociales en la atención sanitaria, surgía la duda si los profesionales sanitarios perciben las redes sociales como aliados o inconvenientes. Para algún colega de Atención Primaria el que busquen información no se considera negativo, lo que molesta es la actitud de “enteraillo”, existente tanto en el mundo analógico como en el digital. Dos comentarios procedentes del perfil tecnológico mostraban inquietudes muy distintas: mientras que uno se preguntaba si era bueno buscar información antes de ir a la consulta médica, otro indicaba que le gustaría se permitiese la consulta a profesionales sanitarios a través de las redes sociales y se promoviesen asistentes virtuales para ayudar al autodiagnóstico.

Un comentario se refería a la incorporación de las redes sociales internas en las organizaciones, indicando su dificultad en las situaciones en las que la propia organización no promovía una cultura de comunicación e intercambio.

Un amigo estaba sorprendido por el hecho de que él no había percibido la presencia de la industria farmacéutica en las redes sociales, aunque le resultaba raro que no tuviesen una estrategia al respecto.

Varias personas estaban interesadas en la participación ciudadana en temas de salud, preguntándose en un caso si el sistema sanitario está preparada para una democracia más participativa, otro se preguntaba hasta qué medida las redes sociales proporcionan una oportunidad para canalizar la participación y conversación en salud, mientras que otro se preguntaba si la brecha digital no ampliará aún más las desigualdades en el ámbito de la salud.

Evidentemente estas ideas son representativas de lo que son: de los amigos y colegas que gentilmente me han contestado y a los que estoy muy agradecido y espero sirvan para ir ampliando el debate.

Hay algunos aspectos ya conocidos sobre el tema que no han salido en estas aportaciones y que creo se deben a la franja de edad de los informantes (entre 30 y 60 años). Me refiero a cuestiones como los videojuegos, apps, autocuidados o cuidado de otras personas.

Gobierno abierto y empleados públicos.

DSCN2550Se considera que la implicación de los empleados públicos es fundamental para el desarrollo del Gobierno Abierto, por lo que es muy interesante conocer cual es su actitud hacia el mismo. Recientemente tuve la oportunidad de coordinar y participar como docente en un curso sobre Gobierno Abierto organizado por el IAAP y dirigido a personas que participan en el programa de formación en competencias directivas en la Junta de Andalucía. Es preciso señalar que se trataba de alumnos altamente motivados, deseosos de adaptarse a los cambios que se producirán en su entorno con el desarrollo de iniciativas de gobierno abierto.

Sus expectativas sobre el curso estaban relacionadas con el conocimiento y aplicación práctica del Gobierno Abierto.

expectativasEl curso tuvo tres sesiones: Gobierno Abierto, Transparencia y Apertura de Datos, contando con la participación de los profesores Emilio Guichot Reina y Manuel Sánchez de Diego en la segunda sesión.

Del curso destacaría el elevado interés de los alumnos por estar preparados y saber adaptarse a los cambios que consideran inevitables en la administración pública en cuanto a transparencia. Es posible que los alumnos no sean representativos del conjunto de los directivos, pero al menos esto indica que hay un grupo de funcionarios que ven estas iniciativas como una oportunidad para su desarrollo profesional y la mejora del servicio.

Se pronunciaron de una forma clara acerca de la necesidad de incluir en las leyes de transparencia el derecho de acceso a la información de tipo auxiliar y del impacto positivo de la transparencia en la mejora de la calidad del servicio y en la independencia de sus funciones; mostraron el deseo de que los informes y documentos deberían ser elaborados pensado en que cualquiera puede acceder a los mismos.

Hicieron varios trabajos prácticos de gran interés, como fue la valoración del grado de interacción que se produce en los portales institucionales, y el análisis de las competencias directivas de transparencia y participación en base a un documento de trabajo previo del IAAP, priorizando sus elementos. El primer punto del debate fue sobre si es realmente necesario establecer estas competencias específicas o sus contenidos están ya incluidos en otras competencias directivas ya establecidas; independientemente de ello, se considero interesante abordar el tema, siendo más importante el propio debate que las conclusiones, que es preciso tomarlas como una aproximación.

Estos fueron los aspectos priorizados para cada una de las competencias directivas:

Transparencia.

Conocimientos (Saber):

  1. Conceptos (Gobierno abierto, transparencia, ciudadanía, participación,Responsabilidad etc)
  2. Leyes de transparencia.
  3. Gestión del conocimiento.
  4. Iniciativas de gobierno abierto y transparencia.

Habilidades (saber hacer):

  1. Realizar acciones proactivas de transparencia.
  2. Responder adecuadamente las solicitudes de información.
  3. Capacitar a sus colaboradores para incorporar la transparencia en el servicio prestado
  4. Establecer mecanismos de comunicación con la ciudadanía y otras entidades.

Actitud personal (Saber ser):

  1. Principios éticos.
  2. Apertura a cambios.
  3. Sensibles a las necesidades de otros.

Habilidad social (Saber estar):

  1. Comunicación (oral, escrita, gráfica…)
  2. Comunicación personal, en grupo y en redes sociales.
  3. Capacidad de escucha.

Participación.

Conocimientos (Saber):

  1. Identificar las oportunidades de participación en nuestro servicio por los posibles interesados.
  2. Conocer estrategias para la participación.
  3. Gestión de proyectos participativos.
  4. Coordinación d equipos de trabajo.

Habilidades (saber hacer):

  1. Establecer mecanismos que permitan la participación en las distintas etapas de la planificación.
  2. Ejercer un liderazgo participativo.
  3. Establecer estrategias que permitan la gestión del conocimiento participativa con la ciudadanía.
  4. Participar en los espacios ciudadanos donde se debaten temas de nuestro ámbito.
  5. Establecer indicadores.

Actitud personal (Saber ser):

  1. Abierto a tomar decisiones compartidas.
  2. Liderazgo participativo.
  3. Flexibilidad.
  4. Innovación.
  5. Dispuesto a compartir.

Habilidad social (Saber estar):

  1. Capacidad de escucha.
  2. Respeto ideas de otros.
  3. Conversar en redes sociales.
  4. Comunicación (oral, escrita, gráfica…)
  5. Empatía.

Tememos una idea de cómo los alumnos vivieron el curso, pues con las palabras que sintetizaron la primera jornada elaboramos el siguiente mapa de etiquetas:

vivenciasOtro aspecto muy interesante del curso es que se les pidió a los participantes que elaborasen un plan de acción personal de aplicación de lo aprendido en el curso. Los aspectos más destacados a incorporar en su trabajo estaban relacionados con la introducción de la cultura y acciones concretas de transparencia, acciones de comunicación interna y externa, revisión de los procesos de cara a la transparencia y participación, difundir los conceptos y principios de la transparencia en su organización etc.

plan d eaccionAdemás de lo aprendido de los alumnos y los otros profesores, el curso fue muy interesante para mí dado que apliqué la metodología docente inductiva propuesta por el IAAP tanto en la programación docente como el desarrollo de las sesiones,